La crisis política en Jujuy por la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales y aprobada el jueves 15 de junio terminó de estallar eeste último sábado, cuando el Gobierno provincial decidió enviar la infantería provincial para reprimir y terminar con todos los cortes de rutas que reclamaban suspender el nuevo texto constitucional, que según denunciaron, limita seriamente y hasta criminaliza el derecho a la protesta.

Desde entonces, la crisis no para de crecer. Las protestas y las medidas de fuerzas se multiplican, las denuncias contra el Gobierno se apilan pero Morales las rechaza y acusó al Gobierno nacional de ser "cómplice". Este miércoles, la coalición oficialista le salió a responder y lo señaló como "el único responsable".

 

Marcha de antorchas por la libertad de los detenidos y en repudio a la represión

Trabajadores estatales y municipales, organizaciones de derechos humanos y sociales, y comunidades indígenas realizarán esta tarde una marcha de antorchas por las calles de San Salvador de Jujuy para exigir la libertad de las personas detenidas durante la violenta represión del martes. La convocatoria, prevista para las 19 en la Plaza Belgrano, partió de los sindicatos docentes, profesionales de la administración pública y municipales, que se concentrarán previamente en sus sedes gremiales.
 

Además de continuar reclamando por salarios dignos y contra la reforma constitucional, sobre la cual piden la anulación, también solicitan el cese de represión en las calles. Habrá una conferencia de prensa y una radio abierta. "Una vergüenza lo del gobernador Morales tuiteando en contra del presidente Alberto Fernández, y Juntos por el Cambio haciendo terribles declaraciones en contra del pueblo y felicitando a Morales por haber sido tan violento", dijo a Télam el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), Sebastián López.
 

La violenta represión policial dejó el saldo de 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y al menos 68 detenidos, en un accionar que se extendió por más de cuatro horas sobre manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, aprobada y jurada en la Legislatura local. Por su parte, el Ejecutivo provincial que encabeza decretó para la jornada del miércoles asueto administrativo y escolar.

 

Decretaron asueto administrativo, escolar y judicial en Jujuy

La crisis política por la reforma constitucional crece en Jujuy. Morales toma medidas tras los acontecimientos vividos el pasado martes. Organizaciones piden conocer elparadero de personas detenidas.

 

En medio de la crisis política por la reforma constitucional, el Poder Ejecutivo de Jujuy, a cargo de Gerardo Morales, dispuso otorgar asueto administrativo y escolar para la jornada de este miércoles en el territorio provincial. También lo dispuso el Poder Judicial. Así lo confirmó el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, en las últimas horas del martes frente a los acontecimientos recientes que son de público conocimiento.

 

Máxima tensión en Jujuy: una provincia paralizada con paros, cortes, protestas y un asueto de último momento

Después de solo tres días de la masiva represión de los cortes de ruta en Jujuy y cuando la crisis se profundizaba con cada declaración y denuncia, el Gobierno de Gerardo Morales decidió volver a reprimir y repitió el mismo formato: detenciones masivas, policías infiltrados -e incluso otros que tiraron piedras con los chalecos oficiales puestos- y lanzamiento de gases y disparos de balas de goma a la altura de las cabezas de los manifestantes, que pese a todo se niegan a aceptar la reforma constitucional que se aprobó la semana pasada y se juró este martes en la Legislatura en San Salvador, mientras afuera corría sangre. 

 

Represión paraestatal

La represión, esta vez, duró varias horas y, aún cuando la manifestación frente a la Legislatura provincial se había desarmado, camionetas sin identificación y con policías siguieron recorriendo las avenidas, calles y hasta barrios de las afueras persiguiendo a hombres, mujeres y menores. Según el informe final que dieron las autoridades penitenciarias ya entrada la noche ante un grupo de familiares desesperados por noticias, hay al menos 68 detenidos, entre ellos personas con discapacidad y cinco menores.

En algunos casos de ha informado de allanamientos sin órden judicial.

Los oficiales le informaron a los familiares de los detenidos que recién hoy miércoles podrán llevarles comida o ropa o también entregarles el certificado de discapacidad para determinar si los liberan. En medio de las denuncias de los familiares, una organización que no puede ser considerada como opositora, el Colegio de Abogados de la provincia, emitió un comunicado alertando que varios de sus miembros informaron tener problemas para comunicarse con sus defendidos detenidos. 

 

Los heridos, en tanto, superaron los 170 y uno de ellos sigue en estado grave, aunque después de ser operado por un fuerte golpe en la cabeza -posiblemente con una lata de gas lacrimógeno de la Policía-, estaba en terapia intermedia, estable. Con este saldo, el temor a una nueva jornada de represión creció, especialmente luego que un juez federal subrogante en Jujuy autorizara a la Gendarmería a garantizar la circulación de las rutas en todo el distrito. Hasta ahora esta fuerza federal no ha actuado. 

 

El pronóstico se complica aún más ya que el miércoles la provincia no solo será testigo de los cortes de las rutas más importantes de su territorio, que ya por ejemplo lograron suspender la actividad del aeropuerto, sino que también la CGT regional, ATE y CTERA convocaron a paros por 48 horas y movilizaciones en la capital. Frente a este escenario de paralización, los Poderes Ejecutivo y Judicial jujeños buscaron adelantarse y decretaron un asueto administrativo de último momento.  

 

 

La crisis es total en la provincia y este martes terminó de convertirse en el principal tema de la agenda política nacional, pese a que solo faltan cuatro días para el cierre de listas electorales de cara a las PASO nacionales, un tema que hasta hace solo unos días monopolizaba la atención de toda la dirigencia nacional que este martes se pronunció durante todo el día sobre lo que pasaba en Jujuy. 

 

La nacionalización del conflicto y su uso electoral.

La dirigencia de Juntos por el Cambio en su totalidad -menos Mauricio Macri que se expresó en igual término a través de sus redes sociales, coincidió en atribuir a Alberto Fernandez y Cristina Kirchner la responsabilidad del conflicto en Jujuy, declaraciones por lo menos descabelladas si tenemos en cuenta que el PJ Jujeño en acusado de complaciente por los que están al frente de organizaciones sindicales y sociales que encabezan los cortes y manifestaciones. Es más, ni el gobierno nacional ha cedido a las presiones por intervenir la provincia, ni el ministerio de Justicia ha accedido a enviar fuerzas federales, guardando absoluta neutralidad alegando "la independencia de poderes y el federalismo". 

Sin embargo la cúpula de Juntos por el Cambio insistió durante toda la jornada de ayer en que los sucesos de Jujuy tienen la clara intención de tapar lo que sucede en Chaco, en relación a la desaparición y presunta muerte de Cecilia en manos a allegados al poder provincial; además de perseguir el objetivo "de parar el cambio que se viene", tal lo expresó el precandidato presidencial Horacio Rodriguez Larreta.