El congelamiento del refuerzo previsional profundiza el deterioro de los ingresos de quienes cobran la jubilación mínima.

De acuerdo con un relevamiento difundido por la Agencia Noticias Argentinas (NA), para finales de octubre de 2026 el bono debería ascender a $231.253 para conservar el mismo valor real que tenía cuando se estableció. Esto significa que existe una diferencia de $161.253 mensuales entre el monto actual y el que permitiría mantener su capacidad de compra original.

El cálculo toma como referencia la evolución de los precios al consumidor desde marzo de 2024, período durante el cual la inflación acumulada superó el 159%, según los datos estadísticos considerados en el informe.

UN BONO CADA VEZ MENOS REPRESENTATIVO

La pérdida de poder adquisitivo también se refleja en la participación del refuerzo dentro del ingreso total de los jubilados que cobran la mínima.

En marzo de 2024, los $70.000 representaban el 34,2% del ingreso de un beneficiario de la mínima. Sin embargo, con el incremento de la movilidad previsional correspondiente a noviembre de 2026, que llevó el haber básico a $444.158,46, el bono pasó a representar apenas el 13,6% del ingreso total.

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo y reciben el refuerzo alcanzan un ingreso bruto de $514.158,45.

Mientras la jubilación base se actualiza mensualmente de acuerdo con la fórmula de movilidad vinculada a la inflación, el bono extraordinario continúa sin modificaciones desde marzo de 2024. Esta diferencia entre los mecanismos de actualización genera un desfasaje creciente entre los haberes y el complemento destinado a los sectores previsionales de menores ingresos.

EL IMPACTO SOBRE LOS JUBILADOS

El congelamiento del bono tiene consecuencias directas sobre la economía cotidiana de millones de adultos mayores. Al perder capacidad de compra, el refuerzo deja de cumplir con la misma función de asistencia que tenía al momento de su implementación.

El deterioro se produce en un contexto en el que los jubilados deben afrontar gastos esenciales vinculados con alimentación, medicamentos, servicios y vivienda. Además, los ingresos de los sectores previsionales más bajos continúan enfrentando dificultades para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT).

La situación también alimenta los reclamos de organizaciones de jubilados y distintos sectores vinculados con la seguridad social, que advierten sobre el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y las desigualdades que genera el esquema actual.

Así, mientras los haberes básicos continúan ajustándose por inflación, el bono permanece congelado y pierde peso mes a mes. Una brecha que vuelve a poner en discusión la suficiencia de los ingresos previsionales y la capacidad del sistema para garantizar condiciones de vida dignas a los adultos mayores.