El robo de una motocicleta en Costa Azul sumó un nuevo capítulo de preocupación luego de que Daiana, la damnificada, denunciara amenazas de muerte tras exponer públicamente el caso e intentar identificar a los presuntos responsables.

La joven sufrió la sustracción de su Honda Wave y, a partir de distintas averiguaciones, logró reconstruir el recorrido que habría realizado la moto por las localidades de San Clemente y Santa Teresita. A partir de esa información, señaló a varias personas como posibles involucradas en el hecho.

Sin embargo, después de dar a conocer la situación en redes sociales, comenzaron las intimidaciones. Según denunció Daiana, los mensajes de audio fueron enviados a un conocido suyo que la había defendido públicamente. En las grabaciones se escuchan graves amenazas contra él y sus familiares, incluso de muerte.

La damnificada también cuestionó lo que considera una situación de impunidad por parte de los señalados y vinculó ese escenario con el supuesto vínculo familiar de los involucrados con una agente policial que presta servicios en Mar del Plata. Se trata de una afirmación que forma parte de su denuncia y que no implica, por sí misma, una responsabilidad de la funcionaria.

En cuanto a las actuaciones judiciales, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil informó oficialmente que solicitó la realización de allanamientos y una medida de prohibición de acercamiento para brindar protección ante la situación denunciada.

No obstante, el Juzgado de Garantías del Joven rechazó el pedido de allanamiento en uno de los domicilios señalados y también la medida de protección solicitada. En tanto, los procedimientos realizados en otros dos domicilios arrojaron resultados negativos.

La decisión judicial generó cuestionamientos por parte de Daiana, quien continúa sin recuperar su motocicleta y reclama respuestas ante lo ocurrido. A la incertidumbre por el robo se suma ahora la preocupación por las amenazas denunciadas y la seguridad de las personas involucradas.

El caso vuelve a poner el foco en la necesidad de esclarecer el hecho, avanzar en las investigaciones y garantizar protección a quienes denuncian situaciones de violencia e intimidación.