Hay algo profundamente inquietante en el caso que sacudió al país: no solo la crueldad con la que una adolescente  de Catamarca habría sido hostigada y humillada durante meses, sino también la facilidad con la que esa violencia encontró espectadores, cómplices y espacios para multiplicarse. El episodio, ocurrido en el contexto de un viaje de egresados, expuso una trama que excede a sus protagonistas y obliga a mirar más allá de una agresora y una víctima. ¿Qué hacen los adultos mientras la violencia crece? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones cuando el daño se vuelve sistemático? ¿Y qué sucede cuando una sociedad, horrorizada por el maltrato, responde reproduciendo el mismo mecanismo?

Antes de escribir esta nota, escuché a la licenciada en Psicopedagogía María Sysman, referente nacional e internacional en bullying, ciberbullying y uso de redes sociales, poner el foco en un aspecto central: estas situaciones no empiezan de un día para otro. “Una chica a los 18 no empieza eso”, planteó, al señalar que llegar a semejante nivel de hostigamiento supone una acumulación de señales previas que fueron ignoradas o minimizadas.

 

El caso tuvo una repercusión extraordinaria, entre otros motivos, porque la agresión habría sido exhibida con orgullo en las redes sociales, porque circularon versiones y registros de conversaciones privadas y porque la víctima ya había atravesado otra situación de exposición: la difusión no consentida de un video íntimo. Según se relató durante la entrevista, ese episodio previo no había generado una respuesta capaz de reparar el daño y prevenir nuevas agresiones.

La violencia, entonces, no apareció de repente durante el viaje. Se había ido construyendo en un entorno donde la humillación podía naturalizarse, la exposición de la intimidad circular sin límites y el sufrimiento de una compañera convertirse en motivo de diversión.

El silencio también forma parte de la escena

Sysman propone desplazar la mirada del binomio agresor-víctima para observar a quienes rodean la situación. Están quienes se ríen, quienes filman, quienes comparten contenidos, quienes siguen la corriente y quienes callan. Pero ese silencio no siempre expresa aprobación: muchas veces está atravesado por el miedo, la presión de pertenecer o la desconfianza hacia los adultos.

Los adolescentes, explicó, pueden evitar pedir ayuda porque temen que sus padres reaccionen de manera desmedida, expongan el problema en los grupos de familias o conviertan una situación delicada en un escándalo todavía mayor. El desafío adulto consiste, precisamente, en ofrecer una respuesta que proteja sin amplificar la exposición.

En una época en la que la mirada ajena se mide en seguidores, visualizaciones y reacciones, la humillación puede convertirse en una herramienta para ganar reconocimiento. “Si yo para mostrarme en las redes y tener seguidores y ser exitoso tengo que aplastarte a vos, por ahí lo hago”, advirtió Sysman al describir una lógica digital que premia la espectacularización y erosiona los límites de la intimidad.

No alcanza, por eso, con prohibir celulares o revisar conversaciones. Hace falta enseñar ética digital: comprender que una imagen no es un objeto disponible, que un mensaje privado no puede reenviarse sin consentimiento y que los secretos confiados en una relación no pierden su valor porque esa relación termine.

La especialista también hizo una distinción importante: no toda burla constituye bullying. El acoso supone una dinámica sostenida de humillación y exclusión, con una relación de poder que se construye y se refuerza con la participación del entorno. Reconocer esa diferencia no minimiza las agresiones puntuales; permite comprender mejor cuándo una situación se transforma en un proceso sistemático que requiere intervención.

Adultos ausentes, instituciones tardías

La responsabilidad no se agota en las conductas individuales. También alcanza a las familias, las escuelas y las autoridades que deben actuar antes de que el daño se vuelva irreversible.

Sysman cuestionó la falta de espacios y políticas sostenidas para prevenir estas violencias y reclamó una educación sexual integral que permita trabajar los límites, el consentimiento, el cuidado del cuerpo propio y ajeno y la convivencia. No se trata solamente de sancionar cuando el problema estalla, sino de construir condiciones para que los adolescentes encuentren otras formas de relacionarse, divertirse y pertenecer.

En el caso analizado, la prolongación del hostigamiento y la falta de una respuesta institucional oportuna dejaron al descubierto una pregunta incómoda: ¿cuántas señales deben acumularse para que los adultos intervengan? Cuando una estudiante deja de asistir a clases por lo que está viviendo, el problema ya no puede interpretarse como una simple pelea entre compañeros.

La prevención exige escucha, confidencialidad y procesos sostenidos. También exige que los adultos sean capaces de revisar sus propias prácticas: cómo hablan de los demás, qué contenidos comparten, de qué se ríen y qué conductas justifican en nombre de la pertenencia a un grupo.

Cuando la indignación fabrica otro culpable

Pero hay una segunda escena que merece la misma atención crítica: la reacción social contra la adolescente señalada como agresora.

Tras la viralización del caso, circularon datos personales y se produjeron ataques contra su vivienda. La condena pública se transformó, en parte, en exposición, hostigamiento y violencia directa. Nada de eso borra la gravedad de las conductas denunciadas ni impide que se investiguen las responsabilidades correspondientes. Obliga, en cambio, a distinguir entre justicia y represalia.

Aquí resulta especialmente pertinente la reflexión del filósofo francés René Girard sobre el mecanismo del chivo expiatorio. Según su teoría, cuando una comunidad acumula tensiones y conflictos, puede concentrar su violencia sobre una persona a la que convierte en responsable de todos sus males. La persecución de ese individuo genera una sensación momentánea de unidad: el grupo se reconoce como justo mientras descarga sobre alguien su propia hostilidad.

El mecanismo se vuelve más inquietante porque quienes participan de él suelen convencerse de que la víctima merece lo que le sucede. La violencia deja de percibirse como violencia y pasa a justificarse como castigo.

Eso permite leer de otro modo lo ocurrido. Durante meses, una adolescente habría quedado en el centro de una dinámica de humillación colectiva. Después, cuando el caso adquirió dimensión nacional, la joven señalada como agresora se convirtió en el blanco de una reacción social que incluyó la difusión de información privada y ataques contra su casa.

No son situaciones equivalentes. Existe una diferencia fundamental entre quien denuncia haber sido víctima de un hostigamiento sostenido y quien es señalado por haberlo ejercido. Las responsabilidades deben establecerse según los hechos, las pruebas y el debido proceso. Pero esa diferencia no convierte las agresiones posteriores en justicia.

El problema es que, cuando la sociedad responde al bullying con nuevas formas de hostigamiento, termina reproduciendo la lógica que dice repudiar. Cambia el destinatario, pero persiste el mecanismo: exponer, humillar, excluir y convencerse de que el otro merece el daño.

La viralización favorece esa dinámica. Cada usuario que comparte una dirección, publica una fotografía, difunde un mensaje privado o se suma al escarnio puede considerar que su participación es insignificante. Sin embargo, la suma de esas acciones construye una persecución colectiva en la que nadie parece hacerse cargo del resultado.

La responsabilidad no se reemplaza con el linchamiento

El derecho debe investigar los hechos y determinar responsabilidades individuales. La comunidad educativa debe explicar qué ocurrió, qué señales fueron desatendidas y por qué las respuestas no llegaron a tiempo. Las familias deben asumir el desafío de educar en el respeto y los límites. Y el Estado tiene que garantizar prevención, acompañamiento y mecanismos de intervención eficaces.

La respuesta no puede reducirse a pedir castigos más duros ni a celebrar la exposición pública de los señalados. Tampoco puede consistir en relativizar el sufrimiento de la víctima original. Se trata de sostener dos principios al mismo tiempo: la violencia ejercida debe tener consecuencias y esas consecuencias no pueden convertirse en una autorización para ejercer más violencia.

 

En este punto, la reflexión de Girard encuentra una salida posible: el contagio se interrumpe cuando aparece un tercero capaz de no sumarse a la escalada. En una escuela, ese lugar corresponde a los adultos responsables, a las autoridades educativas y a las instituciones de protección y justicia. Su función no es mirar desde afuera ni esperar a que el conflicto se vuelva viral, sino intervenir con responsabilidad cuando todavía es posible evitar que el daño crezca.

El caso deja una lección que excede a una escuela, una ciudad o un viaje de egresados. No alcanza con indignarse ante la crueldad adolescente si los adultos naturalizan la exposición, celebran la humillación o delegan en las redes la tarea de impartir justicia.

La pregunta final no es solamente cómo se detiene a quien agrede. También es qué clase de comunidad construimos cuando alguien sufre, cuando los demás miran y cuando, después de condenar una violencia, encontramos a otra persona sobre la cual descargar nuestra propia indignación.

Porque si el chivo expiatorio cambia, pero el mecanismo permanece intacto, la sociedad no habrá resuelto el problema. Apenas habrá elegido a su próxima víctima.

L.G. (Faro Noticias)