La provincia de Buenos Aires endureció las sanciones para quienes ejerzan violencia contra docentes, profesionales de la salud y trabajadores de servicios públicos esenciales mientras desempeñan sus funciones. La medida quedó establecida a través de la Ley 15.647, que modifica el artículo 74 bis del Código de Faltas provincial y amplía la protección prevista en la normativa.

La reforma extiende las sanciones, que anteriormente contemplaban específicamente al personal educativo, e incorpora de manera expresa a médicos, enfermeros y trabajadores de servicios esenciales. El objetivo es brindar mayores herramientas para prevenir y sancionar situaciones de violencia en establecimientos educativos, centros de salud y dependencias de atención al público.

De acuerdo con la nueva disposición, quienes incurran en estas conductas podrán recibir penas de entre 5 y 30 días de arresto o multas económicas equivalentes al 50% y hasta el 100% del salario mensual de un oficial del Agrupamiento Comando de la Policía bonaerense.

Qué conductas contempla la ley

El régimen alcanza distintas acciones que afectan la integridad de los trabajadores o impiden el normal desarrollo de sus tareas. Entre ellas se encuentran las agresiones físicas, los insultos, el hostigamiento, el maltrato y otros comportamientos que perturben el desempeño de sus funciones.

También se incluyen arrojar objetos contra trabajadores o bienes de utilidad pública, ingresar sin autorización a sectores restringidos y negarse a retirarse de un lugar cuando así lo solicite el personal correspondiente.

Uno de los puntos centrales de la reforma establece que las penas se duplicarán cuando las agresiones se produzcan en presencia de alumnos, pacientes o menores de edad. El agravamiento alcanzará tanto los días de arresto como las sanciones económicas.

Más protección para quienes cumplen funciones esenciales

La modificación busca reforzar la protección de quienes desarrollan tareas fundamentales para la comunidad y garantizar que puedan trabajar en condiciones de respeto y seguridad.

La iniciativa fue aprobada por la Legislatura bonaerense a fines de septiembre y amplía el alcance de las sanciones frente a hechos de violencia que afectan no solo a los trabajadores, sino también al funcionamiento de las instituciones y a la atención de la ciudadanía.

Con esta actualización del Código de Faltas, la Provincia apunta a desalentar las agresiones y establecer consecuencias más severas para quienes obstaculicen o vulneren el ejercicio de las funciones educativas, sanitarias y de los servicios públicos esenciales.