Por Sol Mazur*

Después de la quinta Marcha Federal Universitaria, Jorge Macri estimó en 90 millones de pesos los daños al mobiliario urbano. Es un dato concreto, cuantificable, fácil de repetir. Mucho más difícil es calcular el costo de una universidad que pierde docentes, investigadores, estudiantes y, con ellos, la posibilidad de imaginar un futuro menos desigual.

No se trata de negar los destrozos. Las piedras no se vuelven legítimas porque las arroje alguien que reclama una causa justa. Tampoco la violencia deja de ser violencia según quién la ejerza. Pero una democracia que solo sabe contar los daños materiales y no los sociales tiene un problema de perspectiva. 

Y acaso también de prioridades.
La marcha fue multitudinaria. Estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones políticas volvieron a reclamar la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y salarios dignos. Al final de una jornada mayormente pacífica, los enfrentamientos, las detenciones y la intervención policial con gases lacrimógenos y carros hidrantes desplazaron el debate hacia el orden público. Al día siguiente, la discusión podía resumirse en una cifra: 90 millones.

Es curioso el modo en que la política selecciona aquello que merece nuestra indignación. Un vidrio roto tiene un precio inmediato. Un profesor que abandona la docencia porque no puede vivir de su salario produce una pérdida menos fotogénica. Un estudiante que deja de cursar no deja escombros en la vereda. El deterioro, sin embargo, también existe; solo que no siempre aparece en las fotografías.

El Gobierno de Javier Milei ha hecho de la reducción del gasto una explicación moral del mundo: gastar menos sería, por sí mismo, una virtud; reclamar más recursos, una sospecha. Pero el presupuesto no es una categoría moral. Es una decisión política. Y decidir dónde se recorta, a quién se le exige sacrificio y qué se considera prescindible revela una idea de sociedad mucho más elocuente que cualquier discurso sobre la libertad.

La universidad pública argentina nunca fue perfecta. Precisamente por eso importa defenderla: porque es una institución real, con contradicciones reales, que ha permitido a generaciones enteras acceder a conocimientos y profesiones que su origen social quizá les habría negado. No hace falta idealizarla para comprender lo que se pierde cuando se la debilita.

Y hay algo todavía más inquietante: una sociedad puede acostumbrarse al deterioro si aprende a interpretarlo como una consecuencia inevitable. Primero se presenta el ajuste como una necesidad; después, la precariedad como un sacrificio transitorio; finalmente, la desigualdad como si siempre hubiera estado ahí. Cuando alguien protesta, la pregunta deja de ser qué produjo el conflicto y pasa a ser cuánto cuesta contenerlo.

Quizá por eso convenga mirar la marcha sin indulgencia, pero también sin la obediencia intelectual de aceptar el encuadre que más le conviene al poder. Condenar los ataques no obliga a olvidar el reclamo. Exigir responsabilidades no cancela el derecho a manifestarse. Y denunciar la represión no exige fingir que no hubo agresiones. La complejidad no es una forma de tibieza: es el mínimo respeto que le debemos a la verdad.
Los 90 millones tendrán una factura. El deterioro de la universidad, si continúa, tendrá consecuencias que no cabrán en ninguna.

La pregunta, entonces, no es solamente cuánto cuesta reparar una ciudad después de una protesta. Es qué estamos dispuestos a destruir. Y desde qué lugar elegimos la construcción colectiva

*Faro Noticias