La controversia por el futuro del Balneario Atlántico de San Clemente del Tuyú sumó nuevos elementos a partir de la documentación incorporada al expediente administrativo y judicial del caso.

La situación tomó repercusión pública luego de que los responsables del establecimiento denunciaran que se veían obligados a cerrar después de décadas de actividad y cuestionaran el accionar de la Municipalidad de La Costa. El reclamo también recibió el respaldo público del actor español Julen Katzy, quien trabajó durante la última temporada de verano en el lugar y difundió un video en redes sociales en el que habló de supuestas “presiones” y “extorsión” por parte del municipio. Esas expresiones corresponden a los responsables del balneario y al actor.

Sin embargo, la documentación difundida en las últimas horas incorpora otro elemento central para reconstruir el conflicto: según consta en el expediente, la concesión del Balneario Atlántico se extinguió el 30 de abril de 2010, y no aparece posteriormente un acto administrativo que dispusiera su renovación.

De acuerdo con la posición sostenida por el Municipio en las actuaciones, el Decreto N.º 625/2026 no habría dispuesto el final anticipado de una concesión vigente, sino que habría formalizado una situación derivada del vencimiento del plazo y ordenado la restitución del espacio.

Cinco acciones judiciales

Otro de los antecedentes que surge del expediente es la existencia de cinco acciones judiciales iniciadas por la Municipalidad contra el responsable de la explotación.

La primera corresponde a febrero de 2018 y fue tramitada ante el Juzgado de Paz Letrado del Partido de La Costa por una deuda vinculada a la Tasa por Inspección General, que en aquel momento ascendía a $881.973,56. Según la documentación difundida, en esas actuaciones se dispusieron medidas cautelares sobre el demandado y sus fondos.

A ese expediente se sumaron cuatro procesos iniciados el 26 de mayo de 2026 por multas municipales que, en conjunto, alcanzan los $8.214.840, sin contemplar intereses, gastos y costas.

Entre las infracciones mencionadas en las actuaciones figuran trabajos sobre la línea de médanos y modificaciones de la altimetría sin autorización, deficiencias eléctricas y presencia de cables expuestos, falta de libretas sanitarias, movimientos de suelo, trabajos no autorizados en el acceso a la playa, una actividad bailable ajena al rubro habilitado, roturas en la vía pública, afectación del asfalto, exposición de caños, derrame de aguas servidas y daños sobre propiedad municipal.

Uno de los antecedentes también registra una clausura del establecimiento y, según la documentación municipal difundida, una negativa del titular a exhibir la habilitación comercial.

Los cánones regularizados en 2022

Las actuaciones también hacen referencia a los cánones correspondientes a distintos períodos comprendidos entre 2012 y 2021. Según la documentación citada, esas obligaciones fueron regularizadas conjuntamente el 21 de enero de 2022, mediante un plan de pagos.

La interpretación sostenida por el Municipio es que el cobro de esas obligaciones no implicó una renovación de la concesión, sino la regularización de importes vinculados con la ocupación y explotación efectiva del espacio.

En ese sentido, el expediente diferencia entre las obligaciones y sanciones acumuladas con posterioridad y la situación jurídica de la concesión: las multas y las deudas no serían, según la postura municipal, la causa del final del vínculo, ya que el plazo de la concesión había concluido en 2010.

El debate por el uso de las playas

El conflicto se desarrolla además en un contexto de revisión de distintas unidades turísticas fiscales del frente costero del Partido de La Costa.

Según información difundida recientemente, la gestión del intendente Juan de Jesús analiza que alrededor del 20% de los balnearios cuyos permisos vencen durante 2026 no vuelvan a ser concesionados, con el objetivo de recuperar esos sectores como playa pública. También se informó que no se prevé habilitar nuevas unidades.

El caso del Balneario Atlántico presenta, de acuerdo con el expediente difundido, una diferencia respecto de esas concesiones: su plazo habría finalizado 16 años atrás, en abril de 2010.

De esta manera, la discusión sobre el cierre del tradicional establecimiento suma ahora un extenso recorrido administrativo y judicial. Mientras sus responsables cuestionan públicamente la decisión municipal y plantean el impacto que tendría sobre la actividad y los puestos de trabajo de la temporada, la Municipalidad sostiene que el espacio se encuentra bajo una concesión vencida y que corresponde avanzar con su restitución.