La investigación judicial que involucra a dos exfuncionarios de la Municipalidad de Castelli sumó un nuevo avance con el allanamiento de una propiedad vinculada a Laura Olguín y Sebastián Prediger, quienes se encuentran coimputados en una causa iniciada a partir de una denuncia impulsada por el intendente Francisco Echarren.

El procedimiento fue ordenado por la Justicia con intervención de personal policial y peritos, con el objetivo de reunir elementos que permitan determinar el destino de materiales adquiridos para obras públicas. La medida incluyó inspecciones, relevamientos y cotejos técnicos sobre una propiedad ubicada en el predio conocido como “La Blanquita”, en Castelli.

Uno de los principales ejes de la investigación apunta a la obra de 83 viviendas del barrio Curita, que se encontraba bajo la órbita del área municipal a cargo de Olguín. Según la información difundida por el Municipio, la Justicia busca establecer si ladrillos, hierros y otros materiales destinados a ese proyecto habitacional fueron utilizados en una construcción de carácter privado vinculada con los exfuncionarios.

También se analizan las coincidencias entre los períodos de avance y posterior paralización de la obra pública y el desarrollo de la construcción privada, con el objetivo de reconstruir el destino de los recursos adquiridos para las viviendas sociales.

Otro de los puntos incorporados a la causa está relacionado con 28 techos abonados por la Municipalidad que no fueron entregados en los plazos previstos. De acuerdo con lo informado por la Comuna, esta situación derivó en una denuncia penal y posteriormente en la restitución de materiales cuyo valor fue estimado en aproximadamente $300 millones.

En el caso de Prediger, además, se investiga el destino del dinero obtenido por la comercialización de materiales reciclables de la planta municipal. Según la información aportada a la investigación, esos fondos debían destinarse a un bono para trabajadores y alrededor de 20 empleados podrían brindar testimonio sobre la venta de los materiales y el supuesto incumplimiento del pago.

La causa también contempla otra línea vinculada con la compra de una pala cargadora municipal, operación sobre la que se analiza un presunto sobreprecio cercano a los 12.000 dólares. Según informó el Ejecutivo local, aquella contratación fue anulada y posteriormente se adquirió una máquina equivalente por un monto menor.

Desde el Municipio remarcaron que la investigación cuenta con denuncias formalizadas, documentación, testimonios y medidas judiciales concretas, entre ellas los allanamientos realizados esta semana.

“No vamos a permitir que nadie se quede con los recursos ni con el sueño de una familia de Castelli de tener su casa propia”, señalaron desde el Ejecutivo municipal.

La causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la que deberá determinar si existieron delitos y, eventualmente, las responsabilidades correspondientes. Olguín y Prediger permanecen imputados, sin que ello implique una condena ni determine por sí mismo responsabilidad penal.