En medio de un escenario marcado por la confusión institucional, la circulación de noticias falsas y el tono de alarma instalado por algunos sectores, las autoridades educativas aclararon el alcance de la decisión adoptada por el Ministerio de Educación respecto de las actuaciones vinculadas con la seguridad edilicia.

Según explicaron, se elevaron todas las actuaciones al Ministerio y se solicitó una asistencia técnica específica para abordar las intervenciones relacionadas con instalaciones de gas. El objetivo es garantizar tranquilidad a toda la comunidad educativa y a los trabajadores, reforzando la supervisión técnica de los procedimientos.

En este sentido, señalaron que la compañía correspondiente continúa siendo la máxima autoridad en materia técnica, mientras que el Ministerio de Educación, a través del área de Infraestructura, dispuso el envío de equipos especializados para brindar asesoramiento y acompañamiento en las tareas.

La ministra, según se informó, dispuso además que su secretario privado se trasladara para agilizar las gestiones y acompañar el proceso institucional. A partir de esta asistencia administrativa, las autoridades destacaron la importancia de confirmar la avocación de un equipo técnico específico, encargado de evaluar los procedimientos vinculados con las instalaciones de gas y otras cuestiones relacionadas con la seguridad edilicia.

Desde el ámbito educativo insistieron en que el término “avocación” no debe confundirse con una intervención institucional. En el derecho administrativo, la avocación es el mecanismo mediante el cual un órgano superior asume la resolución o intervención administrativa sobre un asunto que, en principio, correspondía a un órgano inferior. No implica, por sí misma, una intervención política o institucional del organismo.

“Si el Ministerio quisiera realizar una intervención institucional, que en términos políticos significa algo muy diferente, le pondría ese nombre”, señalaron, cuestionando las interpretaciones que, según entienden, buscan instalar una lectura política sobre una medida de carácter estrictamente técnico.

En esa línea, las autoridades consideraron que algunas interpretaciones responden más a intereses políticos que institucionales y cuestionaron lo que definieron como una estrategia de “desprestigio del Estado y de sus organismos”.

Finalmente, vincularon la situación actual con la falta de reclamos y controles durante los últimos años respecto de la infraestructura de la institución. En particular, señalaron que durante los últimos cuatro años no se habrían presentado reclamos por parte de Suteba, situación que calificaron de llamativa frente al escenario actual.