La factura de electricidad se convirtió en uno de los gastos que más cambió para los hogares, comercios y actividades productivas de la región. En el área de concesión de EDEA, que incluye al Partido de La Costa y buena parte del centro-este bonaerense, las tarifas registraron desde diciembre de 2023 incrementos acumulados que, según la categoría del usuario y su nivel de consumo, se ubican entre aproximadamente el 480% y más del 620%.

El dato, por sí solo, resulta contundente. Pero adquiere todavía mayor dimensión cuando se lo contrasta con la evolución general de los precios. La electricidad no solamente aumentó: en determinadas categorías lo hizo a un ritmo muy superior al de la inflación acumulada durante el mismo período.

Claro que la discusión requiere una precisión que muchas veces queda fuera del debate público: no existe un único aumento de la tarifa eléctrica para todos los usuarios de EDEA. El monto final de cada factura depende de variables como la categoría tarifaria, el nivel de consumo, la segmentación vigente y los subsidios que correspondan a cada hogar.

Una tarifa que tiene componentes nacionales y provinciales

¿Quién decidió los aumentos? La respuesta no puede reducirse a un solo nivel del Estado.

Una parte central de la factura está vinculada con el costo de la energía eléctrica, cuyo esquema se define en el ámbito nacional. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el Gobierno nacional puso en marcha una política de reducción de subsidios y recomposición del precio de la energía que pagan los usuarios.

La decisión tuvo un impacto directo sobre las facturas y modificó el esquema que durante años había sostenido buena parte del costo energético mediante subsidios estatales. La magnitud del impacto, sin embargo, varía de acuerdo con los ingresos, la categoría y el consumo de cada usuario.

Pero allí no termina la explicación.

La factura también incorpora el Valor Agregado de Distribución (VAD), componente destinado a remunerar el servicio de distribución y cuya actualización, en el caso de EDEA, se encuentra vinculada al marco regulatorio de la provincia de Buenos Aires.

Por eso, responsabilizar exclusivamente a Nación por toda la suba sería una simplificación. Del mismo modo, atribuir el incremento únicamente a la Provincia tampoco permitiría explicar la totalidad del fenómeno.

La tarifa que llega al usuario es el resultado de la combinación de ambos componentes: las decisiones nacionales sobre el costo de la energía y los subsidios, y las definiciones provinciales vinculadas con la distribución eléctrica.

Mucho más que la inflación

El dato que probablemente explique mejor el malestar de los usuarios es la distancia entre el aumento de la electricidad y el incremento general del costo de vida.

Desde diciembre de 2023, los precios de la economía argentina atravesaron un fuerte proceso inflacionario. Sin embargo, determinadas categorías tarifarias de EDEA tuvieron incrementos que superaron ampliamente esa evolución.

El último dato oficial disponible del INDEC corresponde a junio de 2026, cuando el Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual del 1,9%. La comparación definitiva con julio deberá realizarse una vez publicado el dato correspondiente a ese mes.

Aun con esa salvedad, la tendencia resulta evidente: para determinados usuarios, el costo de la electricidad creció varias veces respecto del valor que tenía al comienzo del período y se ubicó muy por encima del promedio de los precios.

En otras palabras, la luz dejó de acompañar la inflación para convertirse, en determinados casos, en uno de los rubros que más presionaron sobre el presupuesto familiar.

El impacto en La Costa

La discusión tiene una particular relevancia en el Partido de La Costa. Las localidades del distrito forman parte de una amplia zona abastecida por EDEA, que también incluye a Mar del Plata y numerosas ciudades y localidades del centro-este de la provincia.

La empresa publica los cuadros tarifarios correspondientes a su área de concesión, donde pueden observarse las diferencias entre categorías, niveles de consumo y tipos de usuarios.

Esto permite entender por qué dos hogares pueden recibir facturas muy diferentes aun cuando ambos hayan atravesado el mismo proceso de actualización tarifaria.

Pero también permite observar una transformación de fondo: la estructura tarifaria actual es sustancialmente más costosa que la vigente a fines de 2023.

¿Por qué las miradas apuntan a Milei?

El Gobierno nacional colocó la reducción de subsidios y la recomposición de las tarifas energéticas en el centro de su programa económico. El argumento oficial estuvo asociado a la necesidad de reducir el gasto público, avanzar hacia tarifas que reflejen mayores costos y disminuir el peso de los subsidios sobre las cuentas del Estado.

El resultado concreto para los usuarios es una mayor participación del costo energético en el presupuesto mensual.

De allí que las críticas políticas se concentren especialmente en la gestión de Milei: buena parte de la recomposición tarifaria se produjo bajo su administración y en el marco de una política explícita de reducción de subsidios.

Sin embargo, el análisis completo obliga a mirar también hacia la Provincia, porque el componente de distribución forma parte de la ecuación final.

La discusión, entonces, no debería ser solamente “Nación o Provincia”, sino qué decisiones tomó cada nivel del Estado, cuánto aumentó cada componente y cuál fue finalmente el impacto sobre los usuarios.

Una factura que también cuenta una decisión política

Detrás de cada factura de electricidad hay una discusión mucho más amplia sobre el rol del Estado, los subsidios, el costo real de la energía y quién debe afrontar esos costos.

Para un usuario de La Costa, esa discusión se traduce en algo muy concreto: cuánto dinero debe destinar cada mes para mantener encendida su vivienda, su comercio o su emprendimiento.

Los números muestran que, desde diciembre de 2023, la electricidad tuvo una evolución muy superior a la inflación en determinadas categorías de EDEA. Y aunque el aumento no pueda atribuirse exclusivamente a una sola administración o a un único componente tarifario, resulta imposible separar la evolución de las facturas de la política de recomposición tarifaria impulsada durante el gobierno de Javier Milei.

El debate que queda abierto es, quizás, el más importante: si la energía debe reflejar cada vez más sus costos en la factura del usuario, cuánto puede soportar el bolsillo y qué papel debe conservar el Estado para garantizar que el acceso a un servicio esencial no quede condicionado por la capacidad de pago.