La investigación por la falsa denuncia del supuesto robo de una ambulancia sumó un nuevo allanamiento en Pinamar, donde fueron secuestrados medicamentos vencidos, ampollas de fentanilo, psicofármacos, insumos médicos, sellos profesionales y documentación que sería irregular.

El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento Vial Pinamar–Madariaga, a partir de una orden del Juzgado de Garantías N° 1 de Dolores y a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de General Madariaga.

El operativo se desarrolló en un establecimiento ubicado en la intersección de las calles Del Cangrejo y Apolo. En el lugar fue imputado Diego Maio, señalado como el principal investigado en la causa.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y una importante cantidad de medicamentos e insumos médicos que se encontraban fuera de su fecha de vencimiento. Entre los elementos incautados había ampollas de fentanilo, psicofármacos, sedantes, adrenalina, corticoides, analgésicos, soluciones fisiológicas, jeringas y comprimidos de distintos tipos.

Además, los investigadores encontraron recetarios pertenecientes a hospitales de la región que no contarían con autorización, recetas con firmas y sellos presuntamente irregulares y un total de 14 sellos correspondientes a médicos y trabajadores de la salud.

La investigación también permitió detectar planillas destinadas al traslado de pacientes con aparentes falsificaciones de firmas, así como certificados del Ministerio de Salud bonaerense para la prescripción de psicofármacos. Según se informó, estos documentos se encontraban firmados y sellados, aunque todavía no habían sido completados.

La medida judicial se dispuso luego de los allanamientos realizados el pasado 22 de julio en Pinamar y Santa Clara del Mar. En aquellos procedimientos se habían secuestrado medicamentos y surgieron indicios vinculados con la posible utilización de sellos médicos apócrifos y documentación presuntamente irregular.

Durante el nuevo operativo también se dispuso la clausura del establecimiento. Si bien el lugar contaba con habilitación provincial, no tenía la correspondiente autorización municipal para funcionar.

La Fiscalía avaló las actuaciones realizadas, notificó al imputado de los delitos que se investigan y elevó las actuaciones judiciales con el objetivo de solicitar su detención. La causa continúa en investigación para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y la posible participación de otras personas.