La adjudicación de Playa Redonda volvió a encender una discusión histórica en Mar del Plata: quién decide sobre la costa y bajo qué criterios se administra uno de los principales patrimonios naturales de la ciudad.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) resolvió otorgar la concesión de la Unidad Turística Fiscal Playa Redonda a la firma Santiago de Compostela 1943 S.A., vinculada al empresario Roberto Fioca, en medio de fuertes cuestionamientos de organizaciones vecinales, ambientalistas y sectores de la oposición que advierten sobre un proceso “cerrado”, “sin controles” y “regresivo” desde el punto de vista ambiental.

La polémica no gira solamente alrededor del empresario adjudicatario, de sus antecedentes políticos o de las relaciones que mantiene desde hace años con distintos sectores del poder bonaerense. El núcleo del conflicto es otro: la privatización de uno de los últimos sectores vírgenes de la costa sur marplatense y la forma en que el municipio decidió avanzar sobre un área considerada de enorme valor paisajístico, geológico y ambiental.

La Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal sostiene que todo el procedimiento fue conducido exclusivamente por el Ejecutivo municipal, sin intervención del Concejo Deliberante ni participación de organismos especializados en preservación ambiental. Según denuncian, tampoco tuvo injerencia la Unidad de Gestión de la Reserva Forestal, pese a tratarse de una zona sensible dentro del corredor costero de Chapadmalal.

“No se está discutiendo solamente una concesión turística. Se está definiendo qué modelo de costa quiere Mar del Plata para las próximas décadas”, señalaron desde la organización vecinal.

El expediente revela además cuáles fueron los criterios priorizados en la evaluación de ofertas. De un total de 100 puntos, apenas 5 correspondían a sustentabilidad ambiental. En cambio, los mayores puntajes se concentraron en inversión económica, desarrollo urbanístico y potencial comercial de la explotación.

Para los críticos del proyecto, la lógica del pliego invierte las prioridades: premia la rentabilidad sobre la preservación.

La empresa ganadora comprometió una inversión superior a los 2.500 millones de pesos y un canon anual de 90 millones. Sin embargo, uno de los aspectos más cuestionados es que no abonará canon durante los primeros dos años de concesión, período previsto para la ejecución de obras.

En términos reales, los detractores consideran que el monto resulta insignificante frente al valor estratégico de la zona y al potencial económico de explotación durante las temporadas de verano.

“Con una semana fuerte de enero recuperan gran parte del canon anual”, resumen comerciantes y vecinos de la costa sur.

La controversia también se profundizó por el antecedente inmediato de la licitación. En el primer llamado, realizado en 2025, la misma empresa había quedado bajo observación por inconsistencias formales en la documentación presentada. El proceso fue declarado desierto y se convocó a una nueva compulsa, en la que la firma volvió a competir, corrigió observaciones y elevó significativamente su oferta económica hasta quedarse con la concesión.

Ese punto alimenta las sospechas de quienes advierten ventajas comparativas para el adjudicatario.

En paralelo, comenzaron a crecer reclamos judiciales y pedidos de revisión administrativa. La Asamblea de Chapadmalal ya presentó una impugnación formal y analiza avanzar con medidas cautelares para frenar la ejecución del proyecto.

El conflicto escaló incluso al terreno mediático y político nacional. En los últimos días, la adjudicación fue tema de debate en programas de alcance nacional y empezó a instalarse como un posible caso testigo sobre la administración de bienes públicos costeros.

Detrás de la discusión jurídica y económica aparece una pregunta más profunda: cuánto vale conservar un espacio natural cuando el negocio inmobiliario y turístico avanza sobre cada metro libre de la costa atlántica.

Porque Playa Redonda no es solamente una concesión. Para muchos vecinos, representa el último límite entre la lógica del mercado y una idea cada vez más escasa de playa pública, abierta y sin explotación intensiva.

Y acaso ahí radique el verdadero núcleo de la disputa.