Un informe oficial advierte que el esquema actual obliga a cubrir con recursos propios prestaciones destinadas a afiliados, trasladando el impacto a las finanzas locales y, en consecuencia, a los vecinos.

Lo que comenzó como un mecanismo administrativo dentro del convenio con PAMI hoy expone un problema estructural: quién financia el sistema de salud cuando la Nación reduce su aporte efectivo.

Durante el primer trimestre de 2026, el Municipio del Partido de La Costa dejó de percibir $91.597.000 por descuentos y débitos aplicados sobre prestaciones ya realizadas. En términos simples, el sistema cobra apenas tres de cada cuatro pesos que factura.

Una pérdida que crece con el tiempo

El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más visible. En 2025, la pérdida superó los $332 millones, con un recorte estructural superior al 26% anual.

Esto ocurrió incluso en un contexto de expansión: el sistema municipal incrementó su facturación en un 57%. La paradoja es clara: cuanto más crece la atención, mayor es la pérdida económica.

Los mecanismos detrás del ajuste

Dos herramientas explican gran parte del desfasaje. Por un lado, el denominado “Ajuste DC”, que funciona como un techo mensual cercano a los $30 millones.

Por otro, los débitos administrativos aplicados a nivel nacional, que en algunos períodos superaron el 30% de lo facturado. Según el informe, no se trata de errores ni excepciones, sino de reglas establecidas de manera unilateral.

El traslado del costo al municipio

El resultado es un corrimiento progresivo de responsabilidades. Prestaciones que deberían ser cubiertas por PAMI terminan financiadas con recursos municipales.

En la práctica, el ajuste no desaparece: se traslada. Lo que no paga la Nación, lo cubre el distrito, afectando la capacidad de inversión en salud y otros servicios esenciales.

Un contexto nacional que agrava la situación

Este esquema se inscribe en un escenario económico más amplio, marcado por la política de ajuste del gobierno de Javier Milei: recesión, caída de la recaudación y reducción de transferencias.

Para los municipios, el margen de maniobra se reduce mientras las demandas sociales se mantienen o incluso aumentan.

Proyección y debate de fondo

Si no se modifican las condiciones actuales, la proyección para 2026 indica que la pérdida podría superar los $360 millones.

Pero más allá de la cifra, el eje del debate es político y fiscal: quién sostiene el sistema de salud. La pregunta que empieza a tomar fuerza es directa: ¿pueden los municipios seguir absorbiendo lo que la Nación decide no pagar?