Lo que comenzó como un episodio puntual terminó por revelar un problema mucho más profundo. En los últimos días, distintas instituciones educativas del Partido de La Costa quedaron atravesadas por amenazas, mensajes intimidatorios y pintadas que, lejos de ser hechos aislados, se inscriben en una preocupante seguidilla a nivel nacional.

El caso más reciente ocurrió en la Escuela Secundaria N° 2 de Santa Teresita, donde una amenaza difundida a través de redes sociales obligó a suspender las clases del turno tarde como medida preventiva. Antes, situaciones similares ya habían encendido alarmas en la Escuela N° 4 y en el Jardín Colegio San Bernardo, mientras que también se registraron intervenciones en Mar de Ajó.

La reacción institucional fue la esperable: activación de protocolos, intervención de la Justicia y presencia de fuerzas de seguridad. Sin embargo, la repetición de estos episodios deja al descubierto una realidad más incómoda: las herramientas actuales parecen insuficientes frente a un fenómeno que se multiplica con rapidez y encuentra en las redes sociales un canal de expansión inmediato.

Detrás de muchos de estos hechos aparece un elemento inquietante: la posible existencia de un “reto viral” que circula entre jóvenes e incita a replicar amenazas de tiroteos en escuelas. Aunque en numerosos casos no se concreta ningún ataque, el daño ya está hecho. El miedo se instala, las clases se interrumpen y la incertidumbre golpea de lleno a estudiantes, familias y docentes.

Minimizar estas situaciones sería un error. No solo por el riesgo potencial que implican, sino por el impacto psicológico que generan. Cada mensaje, cada pintada, cada publicación en redes activa un estado de alerta permanente que erosiona el clima educativo y normaliza la violencia como forma de expresión.

Desde el ámbito gremial, SUTEBA advirtió que estos episodios reflejan un contexto social atravesado por la violencia y reclamó mayor presencia del estado nacional. El señalamiento no es menor: lo que ocurre dentro de las escuelas no está aislado de lo que sucede fuera de ellas. La escuela, en todo caso, funciona como una caja de resonancia de tensiones más amplias.

En este escenario, la respuesta no puede limitarse a la emergencia. Si bien los protocolos son necesarios, resultan insuficientes si no se acompañan de políticas sostenidas de prevención, educación digital y abordaje integral de la convivencia escolar. También se vuelve clave el rol de las familias y de la comunidad en general, en un trabajo conjunto que permita desactivar estas lógicas antes de que escalen.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué está pasando para que la amenaza se convierta en un lenguaje frecuente entre adolescentes? Entenderlo es el primer paso. Ignorarlo, en cambio, solo profundiza el problema.