Un informe interno encendió alarmas sobre el funcionamiento del convenio entre el Municipio del Partido de La Costa y PAMI. Según datos oficiales, durante los primeros tres meses de 2026 la comuna dejó de percibir $91.597.000 debido a descuentos y débitos aplicados sobre las prestaciones realizadas.

El dato más significativo del relevamiento es el nivel de recorte: en promedio, PAMI abona solo el 75% de lo que el sistema de salud municipal factura. En términos concretos, uno de cada cuatro pesos trabajados por hospitales y centros de salud no se paga.

Lejos de tratarse de un fenómeno reciente, la tendencia ya se había consolidado en 2025. Ese año, la pérdida total alcanzó los $332.339.589, lo que equivale a una quita promedio del 26,3% sobre la facturación anual. Esto ocurrió incluso en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad, ya que el sistema local incrementó su facturación un 57% entre enero y diciembre.

El informe señala dos factores centrales detrás de este desfasaje. Por un lado, el denominado “Ajuste DC”, que implica una detracción constante cercana a los $30 millones mensuales y actúa como un límite financiero. Por otro, los débitos administrativos definidos a nivel nacional, que en 2025 superaron los $280 millones y en algunos meses representaron más del 30% de lo facturado.

Desde el área de Salud sostienen que estos descuentos no responden a problemas en las prestaciones, sino a condiciones contractuales que impiden reconocer los costos reales del sistema. En consecuencia, el impacto trasciende lo técnico: el Municipio termina financiando con fondos propios servicios que corresponden a una obra social nacional.

Este escenario se inscribe en un contexto más amplio de presión sobre las cuentas públicas locales. La caída de la recaudación, la recesión económica y la reducción de transferencias desde Nación están generando un cuadro cada vez más complejo para los municipios, con efectos directos en la prestación de servicios esenciales.

Si no se modifican las condiciones actuales del convenio, las proyecciones para 2026 anticipan que la pérdida podría superar los $360 millones. Así, el debate deja de ser exclusivamente sanitario y se traslada al plano fiscal y político: quién sostiene el sistema de salud y bajo qué condiciones, en un contexto donde los gobiernos locales enfrentan márgenes cada vez más estrechos.