El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una de sus crisis más profundas en años. Prestadores, profesionales y organizaciones del sector advierten que la situación es “terminal” como consecuencia de la combinación de recortes presupuestarios, atrasos en los pagos y falta de implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Uno de los principales focos de conflicto es el funcionamiento del programa Incluir Salud, la obra social estatal destinada a personas con discapacidad, que arrastra deudas con instituciones en todo el país. Según denuncian desde el sector, en algunos casos los pagos están paralizados desde octubre del año pasado, generando una asfixia financiera que pone en riesgo la continuidad de los servicios.

El impacto es especialmente grave en el interior, donde muchas instituciones dependen casi exclusivamente de estos fondos. A ello se suma una acumulación de más de 1.200 expedientes por deudas también vinculadas al PAMI dentro del Ministerio de Salud, lo que da cuenta de un problema estructural que se profundiza.

Aunque la Ley de Emergencia en Discapacidad fue finalmente reglamentada tras un fallo judicial, su aplicación dista de ser efectiva. Los prestadores aseguran que los valores que perciben por sus servicios están muy por debajo de lo establecido, con una brecha cercana al 40%, mientras continúan acumulándose nuevas deudas. En paralelo, el presupuesto nacional destinado al área ya registra un recorte superior al 30%, lo que agrava el escenario.

Las consecuencias comienzan a ser visibles en todo el sistema: profesionales que abandonan el sector ante la falta de pagos y salarios insuficientes, instituciones que reducen prestaciones o limitan ingresos, y centros que directamente cierran sus puertas. “Todas las semanas desaparece algún espacio”, advierten desde las organizaciones.

El caso de una institución del barrio porteño de Flores, que asiste a jóvenes con discapacidad y emplea a decenas de trabajadores, expone con crudeza la situación: si no recibe fondos en el corto plazo, podría cesar su actividad, dejando sin atención a sus residentes.

En este contexto, el reclamo del sector se traslada también a las calles. Organizaciones y familias convocan a movilizaciones para exigir respuestas urgentes frente a un escenario que, sostienen, ya no admite dilaciones. Mientras tanto, el deterioro del sistema pone en jaque derechos básicos de una población especialmente vulnerable y vuelve a encender el debate sobre el rol del Estado en la garantía de políticas públicas inclusivas.