Romina Núñez, subdirectora de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), está en el centro de la controversia después de una respuesta considerada despectiva ante el reclamo de instituciones que prestan servicios a personas con discapacidad. El hecho ocurrió durante una reunión del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), cuando una representante de organizaciones de la sociedad civil expuso la crítica situación económica que atraviesan estas instituciones debido a la falta de actualización en los nomencladores de prestaciones y aranceles, que se encuentran congelados desde diciembre de 2024.

En un video difundido en redes sociales, se puede ver a la funcionaria replicando con una fría y despectiva respuesta: "Las opiniones son irrelevantes, no tengo por qué darte una opinión. Lo que te puedo dar es un dato, y no tengo información". Este gesto fue interpretado como una falta de empatía ante las graves dificultades económicas de las asociaciones sin fines de lucro que mantienen servicios esenciales para las personas con discapacidad. En el video, se puede escuchar la angustia de la expositora, quien alertó que las instituciones están al borde de la quiebra y podrían cerrar, dejando a las personas afectadas sin acceso a las prestaciones.

El grupo Familias Tea La Plata, compuesto por padres y madres de personas con autismo, mostró su repudio no solo por las palabras de Núñez, sino también por lo que consideran una actitud sistemática de indiferencia por parte de la funcionaria desde su nombramiento. "Romina Núñez, quien se presenta como empática por ser madre de una persona con autismo, ha demostrado una actitud totalmente insensible", afirmaron a través de las redes sociales, cuestionando la coherencia entre su discurso y su gestión.

El reclamo contra Núñez no es aislado. En las redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, son frecuentes las críticas por su aparente cambio de postura desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Muchos referentes del sector denuncian que, para mantener su puesto, Núñez ha abandonado la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Pero no solo los reclamos económicos y la falta de empatía marcan la gestión de la subdirectora. Recientemente, se conoció un caso en Olavarría y Bolívar que pone de manifiesto el nivel de desorganización y destrato institucional. En ambas localidades, beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez recibieron cartas documento para revalidar sus beneficios en oficinas inexistentes. En Bolívar, las personas citadas llegaron a una vivienda particular, y en Olavarría, a una pizzería. A pesar de las denuncias de los municipios, no se ha dado una respuesta oficial, generando más incertidumbre y angustia entre las personas afectadas.

Estas situaciones son parte del llamado "plan de revisión" impulsado por el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien ha justificado estas medidas con el argumento de combatir el fraude. Sin embargo, en la práctica, lo que parece ser una lucha contra el fraude se traduce en un proceso burocrático que vulnera derechos y genera más sufrimiento en una población que necesita contención y empatía. La actitud actual del gobierno, que parece haber dejado de considerar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, sigue provocando una creciente indignación.