Al respecto Ruben Chirizola, delegado gremial, explicó esta situación y fue más allá, alertó sobre estas medidas y otras a futuro, que atentan contra la condición de bien social que significa la energía y el suministro eléctrico.

"La empresa EDEA continúa violando la ley del marco regulatorio de la provincia de Buenos Aires que dice claramente que la empresa no puede tener trabajadores que no estén bajo el convenio colectivo de Luz y Fuerza. Esta empresa contratista (la denunciada por los vecinos), está revisando y controlando los medidores y caños de bajada de los usuarios, y si a consideración de ellos el pilar no está en condiciones o la caja no está en condiciones, retiraban el medidor. Ahora (a raiz de las quejas) dan un plazo de entre 3 o 5 días para cambiar el caño, caja o lo que ellos consideren".

De acuedo a lo que expresó Chirizola, quien es representante del gremio de Luz y Fuerza, en muchos casos los daños de estos elementos que componen el pilar de bajada de energía, son menores y "son gastos que rondan los 25 o treinta mil pesos entre material y mano de obra, que muchos usuarios no pueden afrontar".

"A la violación de esta ley, se suma esta acción que perjudica seriamente a los usuarios, que a la vez achica la fuente de trabajo, ya que los trabajos los podrían realizar los trabajadores de EDEA, de hecho los hacíamos", dice Ruben y agrega que son trabajadores golondrinas, sin experiencia, no viven en nuestras localidades, y ese trabajo se podría utilizar para generar trabajo para nuestros vecinos. "Esta arremetida perjudica a los usuarios y los trabajadores", dijo.

MEDIDORES INTELIGENTES

Acerca de estas medidas unilaterales que realiza la empresa EDEA, que perjudican a usuarios, trabajadores, y al estado, violando leyes y convenios colectivos, Cririzola amplió el peligro inminente que significa la instalación de medidores inteligentes en los domicilios. 

Por un lado se terminaría toda la cadena de trabajo que significa la lectura del medidor, por otro lado "desde una oficina se corta la luz" sin importar nada que pueda estar afectando la falta de pago, hasta en algunos casos podría haber un error, como sucede alguna vez.

Según Ruben Chirizola, hay algunas inacciones que no ayudan, en esta situación tendrían que intervenir los entes regulatorios, OCEBA, la OMIC y el HCD. 

"Desde el Sindicato no han tenido una accion para poner freno a esto, tampoco el Concejo Deliberante, que podría sacar un pedido de informes, ni el ejecutivo municipal a traves de la Oficina de ayuda al consumidor", evidentemente usuarios y consumidores de servicio electrico nos encontramos indefensos ante las maniobras arbitrarias y abusivas de la empresa que solo tiene la mirada puesta en sus ganancias.

Según el delegado gremial hasta la justicia es benevolente con la empresa, recién este año se aplicó una multa de 47 millones por faltas graves que sucedieron en 2020 y 2021.