El gobierno de Alberto Fernández, luego de reunirse con un grupo de gobernadores peronistas, decidió desconocer el fallo de la Corte Suprema que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires sobre la coparticipación.

Consideró que se trató de "un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento", que "sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe".

En ese sentido, Fernández, instruyó "a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada".

Por su parte, los gobernadores, entre ellos el de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, "al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma".

Cabe recordar que el máximo tribunal dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto. Si bien no resolvió la cuestión de fondo, por el momento avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan "en forma diaria y automática" por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.

La decisión fue firmada por los cuatro miembros del máximo tribunal luego de que la Ciudad y la Nación no lograran ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, cedida a la Ciudad en 2016.

Comunicado difundido por Presidencia

Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento

En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año
2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al
1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de
funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.

En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese
porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de
pesos adicionales a los que ya percibe.

Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no
afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del
presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.
En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende
sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA.

Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el
Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito
presupuestario para tal finalidad.

Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del
Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el
pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.

Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires,
Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis,
Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas
en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades
competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos
por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha
media cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma.

Alberto Fernández

Presidente de la Nación