La Justicia comercial decretó la quiebra de Plunimar S.A., la empresa que operaba el Aquarium de Mar del Plata, y abrió un proceso que no sólo busca ordenar las deudas de la compañía, sino también resolver una situación inusual: el destino de los 66 animales que permanecen dentro del predio.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°20 y puso en marcha la verificación de créditos y la intervención de la sindicatura, a cargo de Andrea Hoff. En este contexto, el expediente plantea un escenario particular, ya que parte de los activos de la empresa son ejemplares de fauna marina que requieren alimentación diaria, atención veterinaria y mantenimiento de sus hábitats.

Actualmente, en el predio se encuentran 56 pingüinos magallánicos, dos pingüinos rey, cuatro pingüinos saltarrocas y cuatro lobos marinos. Todos ellos dependen de una estructura mínima que sigue funcionando pese al cierre del parque.

La empresa reconoció en la causa judicial que no cuenta con ingresos suficientes para sostener el mantenimiento de los animales por un período prolongado. Por este motivo, el esquema actual funciona con una dotación reducida de 12 empleados dedicados exclusivamente al cuidado, sanidad y seguridad de los ejemplares.

Con la quiebra ya declarada, los animales pasaron a integrar formalmente el activo bajo administración judicial, lo que significa que cualquier decisión sobre su eventual traslado, venta o cesión deberá ser autorizada por el tribunal y la sindicatura.

Intentos de venta antes de la quiebra

El expediente también revela que, antes de la quiebra, la empresa había intentado desprenderse de algunos animales para generar liquidez. El caso más relevante fue la venta de diez delfines a Egipto por unos 800.000 dólares.

Según explicó la firma en la causa, esos fondos se destinaron a pagar salarios, cubrir gastos operativos y garantizar la alimentación de los animales. Sin embargo, en el momento del traslado, la comunicación pública se había presentado como una reubicación internacional, sin mencionar que se trataba de una operación comercial.

Además de esa transacción, la empresa señaló que existieron otras negociaciones que no llegaron a concretarse. Entre ellas, se mencionan ofertas de instituciones de México por 750.000 dólares, de China por 950.000 dólares y una propuesta del zoológico de San Pablo por 250.000 dólares.

No obstante, la complejidad de las regulaciones internacionales, los permisos ambientales y las condiciones sanitarias necesarias para el traslado de fauna marina dificultaron la concreción de estas operaciones.

Del cierre al colapso financiero

La situación económica de la empresa se agravó tras el cierre del Aquarium en marzo del año pasado. La compañía no logró renovar el contrato de alquiler del predio, lo que implicó la pérdida de su única fuente de ingresos: la venta de entradas.

A partir de ese momento, el parque dejó de funcionar como atractivo turístico y la estructura se sostuvo únicamente para el cuidado de los animales, con costos elevados y sin ingresos que permitieran sostener la operación.

La empresa indicó que la cesación de pagos comenzó a principios de este año, cuando ya no pudo afrontar compromisos básicos como salarios y deudas financieras. A ese escenario se sumó la situación de su controlante internacional, el grupo Dolphin, que atraviesa un proceso de reestructuración con deudas superiores a los 200 millones de dólares.

Un proceso bajo presión

El caso genera atención pública y debate, especialmente por la permanencia de animales en un predio cerrado y en medio de un proceso judicial. En los meses previos ya se habían difundido imágenes que derivaron en denuncias por presunto abandono.

Sin embargo, inspecciones oficiales realizadas en el lugar concluyeron que los animales se encontraban en buen estado de salud y bajo protocolos adecuados de cuidado.

Ahora, con la quiebra en marcha, el expediente suma un nuevo desafío: definir legalmente el destino de los ejemplares que aún permanecen en el parque. Mientras tanto, el tiempo corre, ya que el predio debe ser desocupado y los costos diarios de mantenimiento continúan acumulándose.

De esta manera, el histórico Aquarium de Mar del Plata —durante años uno de los atractivos turísticos de la ciudad— queda en el centro de un proceso judicial poco habitual, en el que la liquidación de activos incluye la resolución sobre el futuro de animales vivos.