La justicia federal dispuso medidas para impedir cualquier alteración en el cementerio de Villa Gesell, donde se sospecha que podrían yacer víctimas de los “vuelos de la muerte” de la última dictadura cívico-militar.

El juez federal de Dolores, Martín Bava, dispuso una medida de “no innovar” en el cementerio municipal de Villa Gesell para preservar posibles tumbas sin identificar que podrían corresponder a víctimas de los “vuelos de la muerte” durante la dictadura (1976-1983).

La decisión judicial se tomó tras la declaración testimonial de Marcela González, una vecina de la localidad, quien el pasado 2 de marzo relató ante el magistrado detalles de un relevamiento realizado por su madre en el cementerio a principios de los años ’80.“Mi mamá trabajaba en la Municipalidad desde 1975. La mandaron a hacer un relevamiento porque había muchas tumbas que no estaban anotadas en el libro.

 Se encontró con un montón de sepulturas sin nombre, sin registro ni nada”, contó González.Según su testimonio, el entonces encargado del cementerio, Juan Carlos Dorrego, le habría explicado que esas tumbas pertenecían a “personas que habían llevado de noche”. 

También mencionó a un efectivo de la Policía de Villa Gesell como el responsable de los traslados de los cuerpos. En una de las tumbas, incluso, se habrían enterrado restos de dos personas.González detalló que su madre relevó la existencia de 18 tumbas NN (sin identificar). 

Sumando la posible doble inhumación, se estima que podrían tratarse de hasta 19 cuerpos. La mujer agregó que su madre regresaba de esas tareas con mucho miedo y que recién después de su fallecimiento decidió hacer esta denuncia pública para aportar a la verdad.

“Es una cuestión de empatía, de que alguien pueda saber dónde están sus familiares desaparecidos”, expresó González durante una conferencia de prensa que brindó el sábado pasado junto a integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Tuyú Sur.

A partir de este testimonio, los abogados querellantes Pablo Llonto y Gloria León solicitaron preservar el lugar. El juez Bava consideró “razonable, útil, pertinente, necesario y proporcional” dictar la medida de no innovar en la sección L del cementerio y en toda sepultura ingresada entre 1976 y 1983. Además, ordenó relevar las tumbas NN, requerir los libros del cementerio y detallar todos los cambios realizados desde su creación.Antecedentes en la Costa Atlántica

Esta investigación se suma a otra causa que lleva adelante el mismo juez Bava relacionada con los “vuelos de la muerte”. En 2022 procesó por encubrimiento al ex juez Carlos Facio, al médico policial Miguel Cabral, al director de Rentas de General Lavalle Juan Domingo Montenegro y a varios policías de La Costa, acusados de haber ocultado la aparición de al menos 14 cuerpos en las playas del Partido de La Costa en diciembre de 1978.

Algunos de esos cuerpos correspondieron a personas secuestradas en el centro clandestino de detención Olimpo y luego arrojadas al mar. Parte de esos restos fueron inhumados en tumbas NN en cementerios de la zona, entre ellos Villa Gesell.Según relevamientos de investigadoras, entre 1976 y 1979 aparecieron al menos 76 cuerpos en costas bonaerenses y uruguayas, de los cuales 43 fueron identificados, incluyendo a las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, la monja francesa Leonie Duquet y la militante Ángela Auad.

La causa por los cuerpos de la Costa fue elevada a juicio en marzo de 2024, pero aún espera la realización del debate oral.Con esta nueva medida, la justicia busca determinar si en el cementerio de Villa Gesell descansan restos de otras víctimas de la represión ilegal, y avanzar en el derecho a la verdad y la identificación de los desaparecidos.