En 1978, en distintas playas de la Costa Atlántica comenzaron a aparecer cadáveres. Muchos de ellos presentaban claros signos de golpes y torturas. En aquel momento, la policía de la región y la justicia de Dolores determinaron que se trataba de personas ahogadas cuya identidad no podía establecerse, por lo que fueron enterradas como NN en el cementerio de General Lavalle.

Años más tarde, con el regreso de la democracia y la apertura de las investigaciones judiciales, se descubrió que esos cuerpos correspondían a víctimas de los llamados “Vuelos de la Muerte”, uno de los métodos de exterminio utilizados durante la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976. La práctica consistía en arrojar personas vivas al mar desde aviones, con el objetivo de desaparecer los cuerpos y borrar toda evidencia de los crímenes.

En 2022, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó por encubrimiento al ex magistrado de Dolores Carlos Facio, al médico de la Policía bonaerense Miguel Cabral, al director de Rentas y Catastro de la municipalidad de General Lavalle Juan Domingo Montenegro y a siete policías que prestaban servicios en el Partido de La Costa. A todos se los acusa de haber ocultado información y de impedir que las familias de las víctimas pudieran conocer qué había ocurrido con sus seres queridos.

La causa fue elevada en marzo de 2024 al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, pero todavía no se fijó una fecha para el inicio del juicio. La situación se ve agravada porque aún faltan designar dos jueces para completar la integración del tribunal.

El abogado Pablo Llonto, representante de familiares de tres de las víctimas, advirtió que este tipo de expedientes deberían ser prioritarios en el sistema judicial. “Los juicios por delitos cometidos durante la última dictadura son las causas más antiguas que tiene la justicia argentina y es imprescindible que se terminen”, señaló en diálogo con ENTRELINEAS.info. También remarcó que el paso del tiempo afecta tanto a los imputados como a los testigos y a los propios familiares que impulsan las investigaciones.

Llonto explicó que los “Vuelos de la Muerte” formaban parte de un sistema de desaparición forzada de personas que incluía una etapa final destinada a ocultar los cuerpos. “¿Qué pasaba si aparecían? Había que seguir ocultándolos. Para eso necesitaban que quienes estaban en los lugares donde aparecían los cuerpos no hicieran lo que debían hacer”, sostuvo. Por ese motivo, a los imputados se les atribuyen los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para el abogado, el juicio tiene un valor que excede lo ocurrido hace más de cuatro décadas. “Tiene importancia hacia el pasado, pero también hacia el futuro, porque envía un mensaje a las fuerzas de seguridad: los crímenes cometidos por la violencia del Estado no pueden quedar impunes”, afirmó.

Respecto de las demoras en el avance del proceso, Llonto consideró que la responsabilidad recae principalmente en el Poder Judicial. “El retraso viene desde hace mucho tiempo. Pasó con distintos gobiernos. La Corte Suprema podría fijar pautas para que estos juicios tengan prioridad en la agenda de los tribunales”, señaló.

El letrado también advirtió que en los últimos meses se redujo el apoyo del Poder Ejecutivo a las investigaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad. “Durante años se aportaron documentos e investigaciones a estas causas. Ese acompañamiento hoy prácticamente no existe”, afirmó.

Aunque las penas previstas para los delitos de encubrimiento no superan los tres años de prisión, Llonto adelantó que durante el juicio podrían ampliarse las calificaciones legales. “Buscaremos que se analice con mayor profundidad la responsabilidad de los acusados”, concluyó.