En una tarde que quedará marcada por la desproporción y la crudeza, las inmediaciones del Congreso Nacional se convirtieron ayer en escenario de una represión feroz contra quienes ejercían su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente. Mientras en el Senado se debatía —y se encaminaba a aprobar— la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, miles de personas se congregaron en la Plaza de los Dos Congresos para expresar su rechazo a un proyecto que flexibiliza contrataciones, reduce indemnizaciones y debilita el poder sindical.

La movilización, convocada por la CGT, las dos CTA, organizaciones de izquierda, jubilados y movimientos sociales, transcurrió de manera ordenada durante la mañana y gran parte de la tarde. Sin embargo, cerca de las 15.30 el escenario cambió de forma abrupta. Un operativo de seguridad desmesurado —con presencia de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad y grupos motorizados— avanzó sobre los manifestantes y dio inicio a una escalada represiva que se extendió durante horas.

Organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura denunciaron una “brutal represión”. Según los relevamientos preliminares, se registraron al menos 31 detenciones arbitrarias, cifra que algunas fuentes elevan a más de 37 personas, además de entre 40 y 70 demorados, muchos de ellos identificados y liberados posteriormente. Cientos de manifestantes fueron afectados por gases lacrimógenos y pimienta —incluidos observadores de derechos humanos, entre ellos el presidente del Comité Nacional, Juan Manuel Irrazábal— y se contabilizaron más de 560 asistencias sanitarias en postas instaladas por organizaciones sociales y la CPM. También hubo numerosos heridos por balas de goma y denuncias por el uso de un gas “mucho más potente e invasivo” que en protestas anteriores.

Los testimonios recogidos en el lugar describen escenas de pánico y violencia indiscriminada. “Fue terrible. Empezaron a reprimir cerca de las cuatro de la tarde, corrieron a la gente, vaciaron la plaza con un gas mucho más fuerte que otras veces. Se llevaron a un montón de personas detenidas, muchas muy lastimadas. Cada vez peor”, relató uno de los manifestantes a este medio. Minutos antes de las 19, las fuerzas avanzaron nuevamente sobre la plaza con camiones hidrantes, gases y detenciones masivas para forzar la desconcentración de los grupos que aún permanecían en el lugar.

Desde el oficialismo y sectores mediáticos afines se intentó justificar el operativo señalando la presencia de un grupo reducido de encapuchados que arrojó piedras, palos o incluso bombas molotov, lo que habría provocado heridos entre efectivos de seguridad. Sin embargo, la mayoría de las crónicas y registros audiovisuales coinciden en que la respuesta estatal fue absolutamente desproporcionada y se dirigió contra manifestantes pacíficos, incluidos jubilados, trabajadores y observadores de derechos humanos.

El protocolo antipiquetes fue aplicado con rigor extremo, pero el saldo humano deja al descubierto una lógica preocupante: la plaza fue vaciada a fuerza de violencia mientras dentro del recinto legislativo la sesión continuaba sin interrupciones. Blindar el Congreso y silenciar la protesta parece haberse convertido en una política de Estado.

Este episodio no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia de gobierno que prioriza la confrontación antes que el diálogo. La reforma laboral, presentada como una “modernización”, es percibida por amplios sectores sociales como un retroceso histórico en derechos conquistados tras décadas de lucha. Reprimir a quienes la rechazan no la vuelve más legítima; por el contrario, expone la fragilidad de un proyecto que necesita gases, palos y detenciones para imponerse.

Al cierre de esta edición, varias personas permanecían privadas de su libertad y los organismos de derechos humanos continuaban monitoreando la situación. En un país atravesado por la memoria de la represión estatal, lo ocurrido frente al Congreso constituye una señal alarmante: cuando el disenso se responde con violencia, la democracia se debilita. Gobernar no es blindar el poder, sino garantizar el derecho a protestar sin miedo.