Por primera vez desde comienzos de siglo, la Argentina registró un retroceso en uno de sus principales indicadores sanitarios: la mortalidad infantil. Los últimos datos oficiales muestran que en 2024 murieron proporcionalmente más bebés que el año anterior, un cambio que rompe con una tendencia descendente que se mantenía desde 2002.

De acuerdo con las estadísticas vitales, la tasa pasó de 8 a 8,5 fallecimientos por cada mil nacidos vivos. Aunque el número total de muertes fue menor —en buena medida porque nacieron menos niños—, el aumento del índice relativo marca un giro que generó preocupación en el ámbito de la salud pública.

Este indicador es clave para evaluar el bienestar de una sociedad, ya que está directamente vinculado con la calidad de la atención durante el embarazo, el parto y los primeros días de vida, además de las condiciones socioeconómicas en las que crecen las familias.

Especialistas consultados señalan que el incremento no puede atribuirse a una única causa. Entre los factores que aparecen con mayor peso figuran el deterioro de las condiciones de vida, las dificultades para acceder a controles prenatales, los problemas en la atención perinatal y las desigualdades persistentes entre regiones del país.

Las diferencias territoriales siguen siendo marcadas: mientras algunas zonas urbanas mantienen niveles relativamente bajos, varias provincias del norte registran valores muy por encima del promedio nacional, reflejo de brechas estructurales en infraestructura sanitaria y cobertura de servicios.

Aunque el aumento no implica por sí mismo una crisis del sistema de salud, sí funciona como una señal de advertencia. Los expertos remarcan que será fundamental observar la evolución del indicador en los próximos años y reforzar las políticas públicas orientadas a la atención primaria, la protección social y el acompañamiento de las poblaciones más vulnerables para evitar que este retroceso se consolide.