La crisis de endeudamiento en la provincia de Buenos Aires continúa profundizándose y muestra indicadores cada vez más preocupantes. Según un relevamiento elaborado por Provincia Microcréditos a partir de estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad de las familias bonaerenses llegó al 12,8% en noviembre de 2025, superando en cuatro puntos porcentuales el promedio nacional, que se ubica en el 8,8%.

El panorama se vuelve aún más alarmante al analizar el segmento joven. Entre personas de 18 a 21 años, el nivel de incumplimiento trepó al 40%, lo que representa un aumento de casi 14 puntos en comparación con noviembre de 2024, cuando la mora era del 26,5%. El dato refleja un deterioro acelerado de la capacidad de pago en una franja etaria que, en muchos casos, aún no logró insertarse de manera estable en el mercado laboral.

Los datos, difundidos por Buenos Aires/12, surgen de un análisis realizado por Provincia Microcréditos —empresa del Banco Provincia orientada a la inclusión financiera— que combinó cifras oficiales del BCRA con evaluaciones propias sobre la realidad económica bonaerense. El informe describe un escenario marcado por el ajuste fiscal, la inflación persistente y la caída del consumo, factores que presionan cada vez más sobre los ingresos de los hogares.

“El fuerte deterioro de los indicadores de mora se explica por el aumento del costo de vida, la pérdida de empleo, el retroceso de los ingresos y la caída del consumo”, señaló Alejandro Formento, presidente de Provincia Microcréditos y director del Banco Provincia. En el caso bonaerense, agregó, “el impacto es mayor debido al peso que tienen la industria y el comercio, sectores particularmente afectados por las políticas actuales”.

Según el relevamiento, alrededor de 1,4 millones de bonaerenses se encuentran en situación de riesgo crediticio medio o alto, con atrasos superiores a los tres meses en el pago de sus obligaciones financieras. En algunos distritos del conurbano, la tasa de morosidad se acerca al 20%, un nivel que enciende señales de alerta.

El informe también advierte sobre una tendencia preocupante entre los jóvenes. En el último año, el acceso al crédito en el grupo de 18 a 21 años más que se duplicó, pasando de 287.000 a 620.000 personas. Sin embargo, una porción significativa ingresó primero al registro de deudores antes de conseguir su primer empleo formal.

A nivel nacional, el BCRA confirma que la morosidad con el sistema financiero acumula 13 meses consecutivos de crecimiento, con ritmos similares a los registrados durante la pandemia en 2021. El promedio general en créditos personales y tarjetas ya supera el 8%, pero en el sector no bancario —como fintech y plataformas de préstamos rápidos— la irregularidad alcanza el 18%, con un incremento de ocho puntos en 2025. Se trata de créditos otorgados con escasos controles y tasas elevadas.

Iniciativas para aliviar el sobreendeudamiento

Frente a este escenario, en la provincia de Buenos Aires comenzó a debatirse un proyecto de ley de asistencia a personas sobreendeudadas. La iniciativa, impulsada por la diputada Ana Luz Balor (MDF), propone modificar el Código de los Derechos de Consumidores y Usuarios para incorporar la figura del sobreendeudamiento y habilitar una instancia judicial de reestructuración de deudas.

La propuesta contempla que la Justicia de Faltas pueda intervenir para suspender por 90 días los procesos de cobro y facilitar acuerdos entre deudores y acreedores, sin recurrir a subsidios ni quitas obligatorias. “Muchas familias llegan pidiendo ayuda con alimentos, pero el problema de fondo es que ya no pueden consumir porque están ahogadas por las deudas”, explicó Balor.

El proyecto toma como referencia experiencias impulsadas por el juez Claudio Fede, quien abordó casos de sobreendeudamiento vinculados al consumo básico. “No se trataba de deudas por bienes suntuarios, sino de familias endeudadas para poder comprar comida”, señaló el magistrado, coordinador del libro Consumidores sobreendeudados.

En paralelo, a nivel nacional también se discute una iniciativa para que la ANSES otorgue créditos a tasas accesibles, destinados a cancelar deudas con tarjetas y plataformas financieras. El proyecto, presentado por el diputado Guillermo Michel, prevé préstamos de hasta 1.500.000 pesos, con cuotas que no superen el 30% de los ingresos, y pagos directos a las entidades acreedoras.