El concejal de Juntos por el Cambio, Martín Fernández, difundió en las últimas horas un duro comunicado en el que manifestó su indignación por la forma en que el oficialismo aprobó el Presupuesto y la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026, denunciando un acto de discriminación y violencia institucional por parte de las autoridades del Honorable Concejo Deliberante.

Según expresó el edil, los expedientes fueron aprobados “sin haberlos estudiado responsablemente”, ya que no se encontraban digitalizados ni disponibles para su correcto análisis antes del dictamen de comisión. “El pasado viernes 19 de diciembre, en un simulacro de reunión de comisión vergonzoso, los concejales del oficialismo firmaron un dictamen aprobando las cuentas municipales”, sostuvo Fernández.

En ese sentido, explicó la postura de su bloque: “Nosotros nos negamos, denunciando que los expedientes no estaban digitalizados y que solo había una copia en papel retenida por el presidente del cuerpo”. Fernández remarcó que, de manera “casual”, las copias aparecieron recién después de la aprobación. “La mentira tiene patas cortas. Este lunes 22 de diciembre, tres días después de aquel dictamen ‘fantasma’, recibí un insólito memorándum del secretario del HCD informándome que recién ahora ‘se encuentran disponibles las copias de los expedientes para ser retiradas’”, detalló.

El concejal también hizo hincapié en su pedido de digitalización de los expedientes, aclarando que no se trata de una cuestión administrativa menor. “Esta solicitud no es un capricho tecnocrático. Mi condición de salud limita mi movilidad física, pero mantiene intacta mi capacidad de razonar y controlar solamente mis ojos. Negarme el acceso digital a los expedientes, obligándome a retirar papeles que físicamente no puedo manipular, como un expediente RAFAM de cientos de fojas, es un acto de discriminación y violencia institucional”, afirmó.

Finalmente, Fernández informó que junto a la concejal Mónica Correa presentaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, con el objetivo de que se investigue lo sucedido y se garantice el pleno ejercicio de sus funciones como representantes legislativos.