Un grupo de vecinos y empresarios de Cariló, la exclusiva localidad del partido de Pinamar, avanza en la presentación de un polémico proyecto de seguridad que contempla el alambrado completo del balneario y la implementación de un sistema de control de acceso similar al de los barrios privados. La propuesta apunta, sobre todo, a la frontera sur que limita con Villa Gesell, lo que ya generó debate en la región.

Según informó Pinamar Diario, la iniciativa fue diseñada por residentes, empresarios y firmas de seguridad privada, con el objetivo declarado de “brindar más seguridad” a la zona. La presentación formal ante las autoridades municipales se realizaría en los próximos días.

El llamado “Programa Complementario de Seguridad Local” incluye varias medidas de impacto:

• Alambrado perimetral en todo el frente que da a la Ruta Interbalnearia Nº 11 y a la totalidad del límite con Villa Gesell.
• Escaneo obligatorio de DNI en cada ingreso a Cariló, replicando los mecanismos empleados en barrios cerrados de Pinamar y Costa Esmeralda.
• Patrullaje privado 24/7, con móviles y vehículos 4×4 que recorrerán la zona de manera permanente.
• Reducción de accesos: Cariló quedaría con apenas cuatro puntos de entrada: uno sobre el límite con Villa Gesell, otro desde Ostende, un tercero desde Valeria del Mar y el principal por la calle Bunge.

La tensión entre Cariló y Villa Gesell no es nueva. De acuerdo con el portal Data Clave, el conflicto suele agudizarse cada temporada de verano, cuando desde Pinamar señalan a su distrito vecino como responsable de los episodios de inseguridad que se registran en la zona.

Este no es el primer intento de cercar Cariló. En el año 2000, el entonces responsable de Seguridad local, Armando Toniolli, propuso colocar un alambre olímpico y hilos de púas para frenar el avance de delincuentes. Aquella iniciativa fue duramente cuestionada por los propios residentes, y el intendente de ese momento, Blas Altieri, la calificó como una medida “más propia de un country que de un municipio”.

El nuevo proyecto vuelve a encender el debate sobre seguridad, segregación urbana y convivencia regional, en un contexto donde las localidades de la Costa Atlántica buscan equilibrar la protección de sus residentes con políticas de acceso público y circulación abierta. El tratamiento oficial de la propuesta definirá si la idea avanza o queda, como en ocasiones anteriores, archivada entre las controversias de cada temporada.