Un informe elaborado por la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires advierte sobre posibles desvíos de recursos públicos en el Municipio de Villa Gesell, correspondientes a fondos afectados a obras públicas entre 2015 y 2016.

Según reveló la revista La Tecla, el documento —fechado el 1° de agosto de 2025— fue elevado al fiscal interviniente en la causa que investiga presuntas irregularidades administrativas. El análisis involucra a los funcionarios Víctor Ciriaco (secretario de Hacienda), Silvia Jorge (tesorera municipal) y Jonathan Tranon (ex secretario de Hacienda), señalados por supuestas maniobras vinculadas al uso de recursos afectados.

De acuerdo con la investigación, parte de esos fondos habrían sido colocados en plazos fijos bancarios con fines distintos a los previstos originalmente, sin reintegrar los intereses generados al erario municipal, lo que podría configurar una presunta malversación de caudales públicos.

El informe también detalla pagos sin respaldo documental y movimientos de cuentas municipales que no se ajustan a los criterios de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Asimismo, se menciona la existencia de firmas y autorizaciones vinculadas a Tranon, quien entonces desempeñaba un rol político relevante en el área de Gobierno y habría avalado parte de las órdenes de pago observadas.

El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) ya había advertido en ejercicios anteriores sobre irregularidades en la imputación de intereses y en la utilización de recursos afectados a obras, lo que motivó una nueva revisión por parte de la Procuración General.

En sus descargos, Ciriaco, Jorge y Tranon manifestaron haber actuado conforme a las normas administrativas vigentes y aseguraron que no existió perjuicio económico para la Municipalidad. Sin embargo, la Unidad de Delitos Económicos consideró que las explicaciones presentadas “no resultan suficientes para eximirlos de responsabilidad penal”, por lo que la investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público bonaerense.

El expediente forma parte de una serie de actuaciones impulsadas por la Procuración General para reforzar los controles sobre la administración de fondos municipales y detectar posibles delitos contra la administración pública.