

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto impulsado por la senadora costera Gabriela Demaría (Unión por la Patria) que establece que los usuarios podrán operar personalmente los posnets —también llamados datafonos— al momento de pagar con tarjetas de crédito o débito.
La normativa, que había recibido media sanción del Senado en junio de 2024, busca prevenir el robo de datos personales y las estafas bancarias, prácticas que se multiplicaron en los últimos años a partir del uso de medios electrónicos de pago.
“El objetivo de esta ley es resguardar la seguridad y los datos personales de las personas usuarias de tarjetas, evitar estafas y robos e incorporar a la legislación las mejores prácticas internacionales”, explicó Demaría durante el debate en la Cámara alta.
La legisladora, presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores, detalló que los delitos más frecuentes ocurren cuando el consumidor entrega la tarjeta y el Documento Nacional de Identidad (DNI) al comerciante.
“Ese lapso es más que suficiente para fotografiarlos, efectuar múltiples pagos o clonar la tarjeta”, advirtió la senadora.
Demaría también aclaró que la ley no modifica las prácticas actuales, sino que suma un derecho adicional:
“Las personas que quieran seguir entregando al proveedor el DNI y la tarjeta pueden seguir haciéndolo”, subrayó.
Durante el tratamiento en Diputados, el texto incorporó un aporte de la senadora Lorena Mandagarán (UCR + Cambio Federal), quien propuso que los comercios y prestadores de servicios adecuen sus dispositivos de cobro en un plazo máximo de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Además, la norma dispone que la autoridad de aplicación —designada por el Ejecutivo bonaerense— deberá implementar una campaña de concientización y capacitación sobre el uso seguro de las tarjetas, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre sus nuevos derechos.
En términos prácticos, la ley bonaerense reconoce el derecho de los usuarios a manipular personalmente los posnets en cualquier transacción con tarjeta, tanto en comercios grandes como pequeños. La medida apunta a cerrar uno de los canales más frecuentes de fraude financiero, al evitar que los plásticos queden fuera de la vista del titular.
Con su sanción definitiva, la provincia de Buenos Aires se convierte en una de las primeras jurisdicciones del país en legislar sobre este tema, en línea con los estándares internacionales que buscan reducir las estafas electrónicas y proteger la información de los consumidores.