La paciencia de los vecinos costeros se agotó. Durante varias horas, más de la mitad de los hogares permanecieron sin servicio eléctrico, en un corte que muchos calificaron como “indiscriminado e injustificado”.

La situación no solo generó incomodidad, sino también pérdidas económicas y materiales que nadie explicó cómo se compensarían. Alimentos que se echaron a perder, comercios paralizados, electrodomésticos en riesgo. ¿Cuánto valió el perjuicio ocasionado? ¿Vendrá descontado en la próxima boleta?

Las preguntas se multiplicaron, pero las respuestas brillaron por su ausencia. El número de atención de EDEA sonó, sonó, y nadie respondió. Una postal repetida que encendió todavía más la bronca de los usuarios.

Mientras tanto, las familias intentaron adaptarse como pudieron a la falta de un servicio esencial, que debería estar garantizado con previsión y responsabilidad. El enojo creció, porque la electricidad no es un lujo: es un derecho básico.

Lo que ocurrió fue una muestra de la deuda pendiente en materia de infraestructura y calidad de servicio. Y también dejó planteado un reclamo concreto: si los cortes son cada vez más frecuentes, ¿cuándo llegará una solución de fondo y quién se hará cargo de los costos que, otra vez, pagaron los vecinos?