El hecho estremeció a Dolores y encendió una discusión incómoda: ¿qué hacer cuando la violencia juvenil se convierte en noticia policial? Una adolescente de 16 años fue detenida acusada de incendiar el Chevrolet Corsa de su ex novio, un joven de 18, en el garaje de la vivienda familiar. El ataque no fue azaroso: días antes, según la denuncia, la chica había enviado mensajes en los que advertía que prendería fuego el auto.

El episodio se consumó en la madrugada, cuando la víctima fue despertada por su madre al descubrir las llamas. Con baldes de agua lograron evitar que el incendio se extendiera al resto de la casa, aunque el vehículo sufrió serios daños en carrocería e interior. El hallazgo posterior de un bidón con restos de nafta en un domicilio vinculado a la imputada reforzó la hipótesis de un ataque planificado.

La joven quedó a disposición del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil y fue trasladada a un centro especializado en La Plata. Allí comenzará un proceso que excede lo judicial: involucra también a instituciones de protección de derechos y de salud mental, que deberán evaluar cómo intervenir en un caso atravesado por conflictos sentimentales, impulsividad adolescente y violencia explícita.

Más allá del impacto inmediato, el hecho plantea preguntas de fondo. ¿Qué mecanismos de prevención fallan cuando una amenaza en redes se convierte en un delito consumado? ¿Hasta qué punto el sistema educativo, la familia y la comunidad logran detectar señales de riesgo en las relaciones adolescentes? Y, sobre todo, ¿cómo responder cuando quienes protagonizan episodios de violencia grave son todavía menores de edad?

En Dolores, un auto incendiado es hoy la postal visible de un problema más profundo: la necesidad de revisar, con seriedad, qué lugar ocupa la prevención de la violencia juvenil en la agenda pública.