El profesor de Deporte Adaptado de la Municipalidad de La Costa, Juan Sosaya, acompañó esta semana el reclamo del colectivo de discapacidad, en el marco de las concentraciones que se realizan a nivel nacional para visibilizar la situación que atraviesan las familias y los profesionales del sector.

“Desde diciembre de 2024 no se realiza una actualización en el honorario del nomenclador nacional para prestaciones en discapacidad”, explicó Sosaya al señalar que la falta de ajuste golpea directamente a quienes brindan terapias y servicios esenciales.

El docente recordó que esta movilización es parte de una continuidad: “Es la continuidad de lo que ya fue en acción desde hace un par de semanas cuando se había vetado la Ley de Emergencia en Discapacidad. Y es la continuidad de esta concentración, de esta representación del colectivo de personas con discapacidad, puesto en las propias personas, en sus familias, en los que formamos parte del colectivo a través de profesionales que estamos abordados a diferentes terapias o espacios institucionales públicos y privados”.

En ese sentido, valoró que la Cámara de Diputados haya rechazado el veto, aunque advirtió que el proceso no está concluido: “No es definitivo porque todavía tiene que pasar a la Cámara de Senadores, con lo cual quedan algunas instancias más con la amenaza del Gobierno Nacional de que, si Senadores sostiene el rechazo al veto, se judicialice y aún así se sigan poniendo trabas para que la Ley de Emergencia en Discapacidad quede concretada, garantizando los derechos que las personas con discapacidad tienen en la Constitución Nacional”.

Sosaya también remarcó el impacto concreto de la falta de actualización de honorarios: “Esto afecta directamente a los trabajadores: fonoaudiólogos, terapistas educacionales, acompañantes terapéuticos, psicólogos, transportistas. Hay personas con discapacidad que para ir a sus terapias, a la escuela o a donde sea necesitan el transporte, y no tienen un ajuste en sus honorarios”.

Según explicó, las consecuencias se sienten tanto en las familias como en los profesionales: “No es solamente que el profesional se desmotiva, sino que tiene que buscar otras maneras en donde poder incluirse laboralmente. Por lo tanto, se pierde el servicio a la persona con discapacidad, hay instituciones que se cierran y, por supuesto, las personas con discapacidad en su propia cotidianeidad tienen que elegir entre comprar una medicación o comer, entre tener un implemento técnico como una silla de ruedas, un bastón canadiense o comer. Es así de cruda la cuestión”.

Finalmente, planteó que el reclamo apunta a una solución de fondo: “No significa tanto en cuanto a dinero, pero es un montón. Y es el derecho que está garantizado en la Constitución Nacional. Es una medida sumamente arbitraria la del veto y anticonstitucional, en la búsqueda también de propiciar una ley de discapacidad propia, genuina y actualizada a lo que contemporáneamente hoy nos pide nuestra comunidad”, concluyó.