El municipio de Pinamar atraviesa una crisis financiera sin precedentes desde que se convirtió en partido autónomo en 1978. La gestión del intendente Juan Ibarguren, quien pertenece a la coalición de Juntos por el Cambio, se encuentra en una situación límite que obligó a solicitar un crédito de mil millones de pesos al Banco Provincia para garantizar el pago de los salarios municipales de julio. Esta medida extraordinaria se toma luego de una serie de dificultades económicas que ya habían obligado al gobierno local a dividir el pago de los sueldos en dos cuotas el mes anterior, además de postergar el pago del medio aguinaldo.

En una carta fechada el 28 de julio dirigida a la gerente de la sucursal pinamarense del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Ibarguren solicitó “un adelanto transitorio en cuenta corriente” de mil millones de pesos, con el compromiso de devolver el monto dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir del 7 de agosto. Según el intendente, la deuda será saldada con los fondos provenientes de la recaudación de la tasa municipal.

El pedido de crédito genera gran incertidumbre en el distrito, que incluye las localidades de Ostende, Valeria del Mar y Cariló, ya que la falta de liquidez afecta no solo a los empleados municipales, sino también a los proveedores y prestadores de servicios locales. Este panorama de escasez económica se enmarca en un contexto generalizado de dificultades financieras que afectan a varios municipios de la provincia de Buenos Aires. “Estamos en un momento financiero turbulento,” reconoció el secretario de Hacienda de Pinamar, Gabriel Videla, en una entrevista con el canal local Telpin TV.

El recorte en la coparticipación federal y la baja en el pago de tasas municipales son las principales causas de esta crisis. Ibarguren, quien asumió como intendente en 2023 tras haber sido secretario de Turismo durante la gestión de Martín Yeza, intentó explicar la difícil situación económica de su municipio señalando que la recesión económica general y las políticas implementadas por el gobierno nacional afectan profundamente a los destinos turísticos de la costa argentina. En este sentido, los efectos negativos de las decisiones tomadas por la administración de Javier Milei se reflejan especialmente en el turismo, sector clave de la economía local.

En medio de esta crisis, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar mantiene un estado de alerta. En julio, los empleados municipales ya habían denunciado la situación ante el Ministerio de Trabajo y realizado protestas, entre ellas un quite de colaboración durante las últimas dos horas de cada turno. Los trabajadores exigen que se resuelva la falta de pagos y la división de los salarios en dos partes, una medida que no hace más que agravar las tensiones laborales.

Esta delicada situación también coloca al intendente Ibarguren en una posición política complicada. Tras llegar al poder como delfín de Martín Yeza, el actual diputado nacional del PRO, Ibarguren se enfrenta a un panorama electoral cambiante y debe mantener la cautela a la hora de justificar la crisis financiera. A pesar de que la crisis afecta a los municipios de toda la provincia, la falta de liquidez en Pinamar es especialmente preocupante debido a la dependencia del turismo y la incertidumbre económica generalizada.

A medida que se profundiza la crisis en Pinamar, la incertidumbre crece, y la situación parece cada vez más difícil de resolver sin el apoyo de políticas públicas nacionales y provinciales que den alivio a los municipios. La falta de un marco de financiamiento adecuado y las restricciones presupuestarias que enfrenta la administración local continúan afectando a la comunidad, generando tensiones tanto dentro de la gestión pública como con los trabajadores y proveedores de servicios esenciales para la localidad.