En una resolución de fuerte impacto social y político, la Justicia de Mar del Plata prohibió al Municipio la realización de nuevos operativos violentos contra personas en situación de calle. La medida surge a partir de un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que denunció un accionar sistemático y violento por parte del Cuerpo de Patrulla Municipal, dependiente del intendente Guillermo Montenegro.

El fallo fue dictado por el Juzgado de Garantías N°4, a cargo del juez Juan Tapia, quien ordenó que “se omita el despliegue de operativos que impliquen violencia física o verbal, así como también la sustracción de documentos u objetos personales” de personas que habitan el espacio público. La resolución busca garantizar derechos fundamentales como la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad, amparados por normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

El contexto del fallo no es menor: se conoció apenas un día después de la muerte de una persona que dormía en la calle y que, según testimonios, era víctima frecuente del hostigamiento de la Patrulla Municipal. La CPM, presidida por Adolfo Pérez Esquivel, había alertado desde febrero sobre estos operativos nocturnos, llevados a cabo por agentes sin identificación y con uso sistemático de violencia.

Los testimonios incluidos en el expediente judicial son contundentes. Personas como Martín, Hugo y Azul relatan episodios en los que fueron golpeados, despojados de sus pertenencias y perseguidos por agentes municipales que actuaban sin identificarse y, muchas veces, con los rostros cubiertos. Las denuncias incluyen uso de gas pimienta, golpes con palos, y el robo de colchones, frazadas, calzado y hasta teléfonos celulares.

“El accionar de la Patrulla Municipal se enmarca dentro de una estructura estatal violenta”, concluyó el juez Tapia, quien también destacó la falta total de registros administrativos o investigaciones internas sobre las denuncias. En su fallo, subrayó que el respeto por los derechos humanos no limita las funciones del Estado, sino que exige que toda intervención sea legal, proporcional y digna.

Desde la intendencia, Guillermo Montenegro defendió el accionar de la Patrulla, asegurando que sus miembros están correctamente identificados y que no se ocultan rostros. Sin embargo, la Justicia desestimó esa versión al comprobar el uso de ropa oscura, capuchas y vehículos oficiales sin logos visibles.

El fallo constituye un freno judicial a una política de "limpieza" del espacio público que, según la CPM, responde a una lógica punitivista y discriminatoria. Además, ocurre en un año electoral en el que Montenegro busca reelegirse, ahora aliado con La Libertad Avanza en una lista conjunta con el PRO.

Con esta decisión, la Justicia no solo impone límites al poder municipal, sino que también sienta un precedente clave en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables.