San Bernardo vive por estas horas una mezcla de bronca, frustración y desprotección. No es la primera vez, pero cada vez duele más. Esta vez, el motivo del malestar generalizado es la liberación de un joven de 24 años, residente de la localidad, acusado de haber participado en al menos tres delitos recientes. Su prontuario, según confirman fuentes cercanas al caso, ya era conocido por vecinos y autoridades.

Los hechos por los que fue aprehendido son claros: el robo de un monopatín eléctrico desde el interior de una vivienda, el hurto de una moto en La Lucila del Mar y un escruche a una fábrica de pastas, de reconocida trayectoria en la región. Delitos distintos, lugares diferentes, pero una misma preocupación: la sensación de impunidad que crece cuando la respuesta judicial no va en sintonía con el esfuerzo de las fuerzas de seguridad ni con el hartazgo de la comunidad.

“Mientras la gente trabaja con miedo, los delincuentes siguen en las calles”, fue una de las frases más compartidas en redes sociales, donde agrupaciones vecinales y ciudadanos expresaron su rechazo.

La indignación no es solo por este caso puntual, sino por lo que representa. La Justicia liberó al acusado pese a las pruebas y su historial delictivo. La decisión cayó como un baldazo de agua fría sobre una comunidad que siente que el Estado, en su conjunto, no está protegiéndola.

Las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez. Lo identificaron, lo detuvieron, y durante algunos días, la comunidad respiró un poco más tranquila. Pero la tranquilidad duró poco. La resolución judicial pareció ignorar no solo los antecedentes del joven, sino también el clima social de creciente tensión.

El reclamo que se repite en las calles y en los grupos vecinales es claro: más firmeza, más presencia del Estado, más justicia. Porque si la impunidad se vuelve norma, el miedo se convierte en compañero cotidiano, y con él, se erosiona la confianza en las instituciones.

Hoy San Bernardo no solo pide seguridad, también exige que el trabajo de prevención y detención no se diluya en resoluciones incomprensibles. El compromiso con la legalidad no puede confundirse con la indiferencia. Las víctimas no pueden quedar relegadas. Y la comunidad, que día a día construye, trabaja y aporta, merece respuestas que estén a la altura de su esfuerzo y de su derecho a vivir en paz.