La decisión de Trenes Argentinos de reubicar a los trabajadores del ramal ferroviario Guido–General Madariaga–Divisadero de Pinamar generó un profundo malestar e incertidumbre. El aviso llegó a través de un comunicado que indica que, desde el 1° de junio, los empleados deberán presentarse en nuevos destinos sobre la Ruta 2. Lo alarmante es que no se prevé el pago de viáticos ni asistencia para afrontar el traslado, lo que compromete seriamente la estabilidad de unas cincuenta familias.

El conflicto se enmarca en un proceso de desarticulación progresiva del servicio, suspendido desde el 1° de abril bajo el argumento de obras de infraestructura que, a la fecha, ni comenzaron ni tienen un cronograma definido. La falta de planificación, sumada a la reubicación forzada, deja en evidencia el retroceso del esquema ferroviario impulsado años atrás.

Los trabajadores, que hasta hace poco formaban parte de un servicio vital para la conectividad de la región, enfrentan ahora el desafío de redefinir su vida cotidiana: desde la educación de sus hijos hasta la posibilidad de tener que mudarse para cumplir con el nuevo destino laboral.

En este marco, el titular del Ministerio de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, expresó públicamente la intención del Gobierno provincial de tomar el control del ramal. “Si el Estado nacional sigue restringiendo derechos a los bonaerenses, nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo”, afirmó durante una visita a Mar del Plata. Además, detalló que ya solicitó la transferencia de la vía y el material rodante, no solo del tramo Divisadero–Guido, sino también de la línea Constitución–Mar del Plata.

La situación vuelve a poner sobre la mesa un debate estructural: ¿qué lugar ocupan los trenes en el desarrollo territorial argentino? Mientras se habla de federalismo, en la práctica se suspenden servicios esenciales y se trasladan trabajadores sin garantías mínimas. La incertidumbre sobre el futuro del ramal y de las familias afectadas exige definiciones urgentes y políticas públicas que prioricen la conectividad, el empleo y la vida digna.