El gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa dando pasos firmes en su estrategia de asumir la ejecución de grandes proyectos de infraestructura ante la parálisis de la administración nacional. Después de solicitar la transferencia de la obra de la Autopista Presidente Perón, la nueva apuesta de la gestión de Axel Kicillof es el Canal Magdalena, una hidrovía clave para mejorar la competitividad y garantizar la soberanía del país. Este canal, que conectaría la navegación marítima con el Río de La Plata, no solo es una obra esencial para la logística portuaria, sino también un reclamo frente a las autoridades nacionales que, según Kicillof, "no van a hacer absolutamente nada en beneficio de la soberanía".

El ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, detalló que el Canal Magdalena tendría un impacto económico de 230 millones de dólares, entre ahorros y recursos generados, argumentando que los costos de construcción son inferiores a los del dragado tradicional. Según Bianco, la obra se "paga sola", un argumento respaldado por Kicillof, quien destacó la importancia del proyecto ante la reciente autorización al gobierno de Uruguay para profundizar el ingreso al puerto de Montevideo, una acción que, aunque no objetada directamente, refleja el abandono de la infraestructura argentina.

El gobierno provincial también expresó su preocupación por un contrato relacionado con la Hidrovía, que podría resultar perjudicial para la Provincia, ya que, según Kicillof, aumentaría los peajes para el Puerto La Plata y reduciría los costos para otros, lo que considera un "negociado" que no dejará pasar.

Hoy, por primera vez, se reunirá el comité asesor creado por un decreto provincial para discutir el futuro del Canal Magdalena. Este comité está integrado por unos 50 expertos, incluyendo funcionarios bonaerenses y representantes de los municipios interesados. Se espera que esta reunión fortalezca el reclamo de la provincia y aclare los pasos a seguir para llevar adelante la obra.

En cuanto al avance del Canal Magdalena, el proyecto sufrió varios retrasos desde que se abrió la licitación en abril de 2023, con un presupuesto estimado de 40 mil millones de pesos y un cronograma que contemplaba 28 meses de trabajo. Sin embargo, la parálisis en las obras públicas a nivel nacional y el impulso de Uruguay para mejorar su puerto han dejado el proyecto en el limbo, mientras que el presupuesto nacional para el próximo año tampoco contempla fondos para su ejecución. Ante este panorama, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha decidido tomar el control del proyecto, con la esperanza de que la obra se convierta en un motor de desarrollo para la región.