Después de más de cuatro años de litigios, la Justicia ha resuelto el conflicto entre la Municipalidad de General Madariaga y la empresa Ecoplata por el manejo del basural que recibe los desechos de los vecinos de General Madariaga, Villa Gesell y Pinamar. El Juzgado Contencioso Administrativo de Necochea, bajo la dirección del Dr. Carlos Alberto Herrera, emitió un fallo reciente que confirma la expropiación del predio de 97 hectáreas, ubicado en el kilómetro 405,50 de la Ruta 11, en favor del municipio.

El fallo establece que la comuna deberá indemnizar a la empresa con una suma calculada en dólares, una decisión que ha sido cuestionada por la administración del intendente Esteban Santoro, quien ha anunciado que apelará el monto. Según un comunicado de prensa, el municipio considera que la cifra no refleja el "grave daño ambiental" sufrido por la zona.

El conflicto se originó en 2018, cuando la Municipalidad de General Madariaga desplazó a Ecoplata de la operación del basural local, argumentando que la empresa estaba incumpliendo sus obligaciones contractuales relacionadas con el saneamiento y la remediación del lugar. Además, se señaló que las operaciones de Ecoplata estaban afectando gravemente el medio ambiente, lo que llevó al municipio a tomar el control del tratamiento de residuos y a implementar un programa de remediación ambiental con el apoyo del Estado nacional.

En 2019, la Cámara de Mar del Plata revirtió la medida, devolviendo a Ecoplata la operación del predio y cuestionando la intervención estatal en el proceso, insinuando una "oscura intención estatal de apoderarse del establecimiento". A pesar de este revés, el municipio continuó gestionando el predio y, en 2020, logró que la Cámara de Diputados bonaerense diera media sanción a un proyecto de ley que declaraba el predio como de "utilidad pública", autorizando así su expropiación. La ley fue finalmente sancionada en 2021.

A pesar de la confirmación judicial de la expropiación, las discusiones continuaron, con los demandantes acusando a la Municipalidad de General Madariaga de una "expropiación irregular" y centrando su atención en las tierras no utilizadas del predio. La reciente decisión judicial establece que el municipio deberá pagar una indemnización de 392.624 dólares por el valor del terreno y 291.692 dólares por las edificaciones y mejoras, junto con una tasa anual del 6% desde la presentación del informe pericial hasta la liquidación, y la tasa activa de interés del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el pago efectivo.

Con este fallo, se espera que el prolongado conflicto finalmente llegue a su fin, aunque la apelación del municipio podría prolongar las discusiones en torno al monto de la indemnización.