Analizan un amparo colectivo contra la eliminación del beneficio de Zona Fría en La Costa

Tras la sanción de la reforma del régimen de Zona Fría, comenzaron a analizarse distintas alternativas para intentar revertir la medida que deja al Partido de La Costa fuera del beneficio territorial que había sido ampliado en 2021.

El Senado de la Nación convirtió en ley la modificación el pasado 24 de septiembre, con 38 votos afirmativos y 8 negativos. El nuevo esquema restringe el alcance del régimen y excluye a 94 municipios bonaerenses, entre ellos el Partido de La Costa.

En este contexto, el abogado y referente del radicalismo costero Leandro Martín Alonso anticipó que se encuentra trabajando junto a otros sectores para evaluar la posibilidad de presentar un amparo colectivo.

En declaraciones a Radio Noticias (FM 105.7), Alonso explicó que estas alternativas están siendo analizadas en ámbitos de debate y junto a especialistas, y señaló que una presentación individual podría resultar poco accesible económicamente para los usuarios.

El abogado también reconoció las dificultades que podría presentar una acción judicial contra la medida, debido a que en este caso la modificación del régimen fue establecida mediante una ley sancionada por el Congreso, a diferencia de acciones judiciales anteriores que cuestionaban resoluciones del Poder Ejecutivo.

“Judicializar una ley no digo que sea imposible, pero el análisis es distinto”, sostuvo Alonso al referirse a las posibilidades de avanzar por la vía judicial.

Los alcances de una eventual presentación

Otro de los aspectos señalados por el exconcejal está relacionado con quiénes cuentan con legitimación para promover este tipo de reclamos. Según explicó, a partir de distintos antecedentes judiciales se fueron delimitando los actores que pueden impulsar acciones colectivas en materia de servicios públicos y defensa de los consumidores.

En ese sentido, mencionó especialmente al Defensor del Pueblo y a las asociaciones de defensa del consumidor como posibles vías para canalizar una presentación.

El régimen de Zona Fría había sido ampliado mediante la Ley 27.637, sancionada en 2021, incorporando nuevos municipios y localidades al esquema de beneficios sobre las tarifas de gas. La normativa establecía descuentos sobre los cuadros tarifarios para los usuarios alcanzados.

El impacto en las facturas y el consumo

Alonso también cuestionó que, junto con la eliminación del beneficio territorial, no se hayan modificado —según su planteo— los parámetros utilizados para determinar las categorías de consumo.

El dirigente sostuvo que, durante el debate sobre la Zona Fría, se había planteado la necesidad de revisar esos límites para evitar que hogares que dejaran de contar con el beneficio fueran alcanzados rápidamente por categorías de mayor consumo.

“Si nos sacaban este beneficio, por lo menos que los cambios de categoría sean con mayor cantidad de uso de gas”, planteó.

La reforma aprobada por el Senado modifica el esquema ampliado en 2021 y mantiene el régimen para determinadas regiones, mientras que otros usuarios quedan sujetos al nuevo esquema de subsidios. La dimensión concreta del impacto sobre cada factura dependerá de la situación y categoría de cada usuario.

Una preocupación que alcanza a la economía local

Alonso también advirtió que una reducción del ingreso disponible de los hogares podría repercutir sobre el movimiento comercial de las localidades costeras.

Como ejemplo, planteó que una reducción promedio de alrededor de $30.000 mensuales por usuario, multiplicada por miles de hogares, significaría una importante cantidad de dinero que dejaría de circular en comercios de cercanía, como almacenes, verdulerías y mercados.

Se trata de una estimación planteada por el propio dirigente para dimensionar el posible impacto económico de la medida y no de una proyección oficial.

Mientras continúa el análisis de las herramientas judiciales disponibles, distintos sectores de La Costa buscan definir los pasos a seguir frente a la modificación del régimen que hasta ahora alcanzaba a los usuarios residenciales del distrito.