La Justicia confirmó una cautelar contra cambios en AySA y la causa pasó al fuero federal

Más de 50 agrupaciones vecinales y organizaciones sociales y ambientales, asociaciones de defensa del consumidor, junto con la CTA y la UTEP, llevaron adelante el martes 8 de septiembre una jornada de reuniones y presentaciones en distintos organismos de la provincia de Buenos Aires para expresar su rechazo al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

La actividad se realizó en el marco de la Campaña Contra la Privatización de AySA, con encuentros en el Senado bonaerense, la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Provincial por la Memoria. También se reclamó el acompañamiento del Gobierno provincial y de los legisladores bonaerenses frente al proceso impulsado por el Gobierno nacional.

 

 

Las organizaciones plantearon razones sanitarias, ambientales, económicas y geopolíticas para cuestionar la privatización y remarcaron que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano fundamental.

Uno de los principales reclamos estuvo dirigido a los bloques de ambas cámaras de la Legislatura bonaerense, a quienes solicitaron un “pronunciamiento público expreso” en rechazo de las condiciones técnicas, financieras y contractuales previstas para la privatización, con el argumento de resguardar los intereses de la Provincia y de los habitantes de los municipios alcanzados por la prestación.

Una cautelar que pone un límite al nuevo esquema

En el marco de la jornada se conoció además una resolución judicial de relevancia para el conflicto. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar que impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la prestación adecuada del servicio.

 

La medida había sido solicitada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión impulsado por la empresa y advirtió sobre una posible reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios.

El tribunal sostuvo la vigencia de la cautelar mientras se resuelve la cuestión de fondo. Entre los argumentos utilizados aparecen el reconocimiento del derecho humano al agua, los principios precautorio y preventivo en materia ambiental y la doctrina conocida como in dubio pro natura, según la cual, ante una duda respecto del impacto ambiental de una medida, debe privilegiarse la alternativa menos perjudicial.

 

Los jueces también consideraron que un eventual deterioro de las garantías vinculadas con la prestación del servicio podría generar daños de difícil o imposible reparación posterior.

La causa continuará en la Justicia Federal

La misma resolución confirmó que el expediente deberá tramitar en la Justicia Federal, y no en el fuero contencioso administrativo bonaerense.

El tribunal fundamentó esa decisión en que la discusión de fondo involucra la interpretación y aplicación del marco regulatorio nacional del servicio y en la participación mayoritaria del Estado nacional en AySA.

 

La demanda había sido iniciada por la Defensoría del Pueblo bonaerense ante el avance de un nuevo contrato de concesión, firmado en mayo de 2026, que forma parte del esquema establecido por el Gobierno nacional para avanzar con la privatización de la empresa.

La Ley Bases declaró a AySA sujeta a privatización y posteriormente el Decreto 494 habilitó el procedimiento para transferir al sector privado el 90% de las acciones de la compañía.

La resolución judicial no anula el proceso de privatización, pero establece un límite concreto a su implementación: mientras continúe el litigio, AySA no podrá avanzar con modificaciones que impliquen reducir las obligaciones y garantías actuales vinculadas con la prestación del servicio.

El Gobierno nacional había establecido el 15 de septiembre como nueva fecha para la apertura de las ofertas correspondientes al proceso de venta del 90% de las acciones de la empresa. Según lo anunciado oficialmente, la operación busca recaudar alrededor de 450 millones de dólares.

Organizaciones llaman a continuar la movilización

AySA presta los servicios de agua potable y saneamiento a alrededor de 15 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Desde las organizaciones que participaron de la jornada remarcaron la necesidad de sostener la movilización y reclamaron a los legisladores bonaerenses que asuman un rol activo frente al proceso de privatización.

En ese marco, anunciaron nuevas acciones:

Viernes 11 de septiembre, a las 17: concentración en Plaza Grigera, Lomas de Zamora.

Martes 15 de septiembre, a las 9.30: movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación, coincidiendo con la nueva fecha prevista para la apertura de las ofertas por el 90% de AySA.

Mientras la causa judicial pasa al ámbito federal, las organizaciones ratificaron su rechazo al proceso de privatización y convocaron a continuar la campaña bajo una consigna que sintetiza su posición: “El agua no se vende, el agua se defiende”.