LOCALES | 4 SEP 2026
CAMBIO EN EL RÉGIMEN PENAL JUVENIL
Desde este sábado entra en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil y baja a 14 años la edad de imputabilidad
La Ley 27.801 comenzará a aplicarse en todo el país desde el 5 de septiembre y reemplazará al régimen anterior. La nueva normativa establece responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años, incorpora sanciones alternativas y fija un máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad.
Desde este sábado 5 de septiembre comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que introduce cambios sustanciales en el tratamiento penal de los adolescentes acusados de cometer delitos.
El principal cambio de la normativa es la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal: a partir de su entrada en vigencia, los adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18 podrán quedar comprendidos en el nuevo régimen cuando sean imputados por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales.
La ley fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026, promulgada mediante el Decreto 138/2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Su artículo 52 estableció que comenzaría a regir 180 días después de su publicación, plazo que se cumple este sábado.
No todos los casos implicarán prisión
Uno de los puntos centrales del nuevo sistema es que la reducción de la edad de responsabilidad penal no significa que todos los adolescentes condenados vayan a recibir una pena de prisión.
La normativa establece diferentes alternativas. Cuando la pena prevista para el delito sea de hasta tres años de prisión y se cumplan las condiciones legales correspondientes, la prisión deberá ser reemplazada por otras sanciones previstas por el régimen.
Entre las medidas contempladas aparecen la amonestación, la prohibición de contacto o acercamiento a determinadas personas, tareas comunitarias y otras medidas orientadas a la educación, la formación, la inserción social y la responsabilidad por el hecho cometido.
En determinados casos también podrá aplicarse la suspensión del proceso a prueba, con condiciones que pueden incluir tareas comunitarias y programas destinados a favorecer la educación y la integración social del adolescente.
Qué ocurre en los delitos más graves
Para los hechos de mayor gravedad, la ley contempla penas privativas de la libertad. Estas pueden cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos o en institutos especializados de detención, según lo determine la Justicia y las circunstancias de cada caso.
La norma establece expresamente que no podrá imponerse prisión ni reclusión perpetua a adolescentes. Además, fija en 15 años el máximo de las penas privativas de la libertad para las personas alcanzadas por este régimen.
El sistema también dispone que, junto con las penas, se implementen medidas destinadas a promover la educación, el trabajo, la resocialización y la integración social.
Un nuevo escenario para la Justicia
Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801 queda derogada la Ley 22.278, que regulaba el Régimen Penal de la Minoridad. La nueva legislación busca establecer un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes, con garantías y procedimientos propios.
La implementación también requerirá la adecuación de los regímenes procesales y de las estructuras provinciales a las nuevas disposiciones. La propia ley invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adaptar sus normas procesales y administrativas al nuevo régimen.
De esta manera, a partir del 5 de septiembre de 2026, la Argentina inicia una nueva etapa en materia de responsabilidad penal juvenil, con un cambio significativo en la edad mínima y un esquema que combina sanciones, medidas socioeducativas y alternativas al encierro, reservando la privación de la libertad para los casos que correspondan según la gravedad de los hechos y las condiciones establecidas por la ley.
