El despacho del Proyecto de Resolución fue tratado en la Comisión 1 de Legislación, Interpretación, Acuerdos y Labor Legislativa del Honorable Concejo Deliberante (HCD) del Partido de La Costa. La iniciativa manifestaba el rechazo a la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional para derogar y/o modificar la Ley Nacional Nº 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. El despacho obtuvo tres votos afirmativos, dos negativos y dos abstenciones, por lo que no logró el respaldo necesario en el ámbito de la comisión.
A favor del despacho votaron los concejales Adriana Abdala y Ezequiel Caruso, de Unión por la Patria, y Fernando Latorre, del Frente Patria. En contra se pronunciaron Elizabeth Ferrín y Marcela González, de La Libertad Avanza, mientras que Daniel López (Somos) y Mónica Correa (Juntos por el Cambio) optaron por la abstención.
La iniciativa presentada por el Interbloque PJ La Costa fundamentó su rechazo en que la Ley 26.737, sancionada en 2011, establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y sociedades extranjeras, fijando un máximo del 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de impedir que una misma nacionalidad concentre más del 30% de ese porcentaje.
Asimismo, la normativa establece un tope de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo —o su superficie equivalente— para un mismo titular extranjero, con el objetivo de preservar el dominio nacional sobre un recurso considerado estratégico.
Durante el tratamiento también se recordó que el Gobierno nacional intentó derogar la ley mediante el DNU 70/2023. Sin embargo, esa medida fue suspendida a partir de un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), y posteriormente la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación, decisión que actualmente se encuentra a consideración de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la ley continúa vigente.
Según los fundamentos del proyecto, la nueva propuesta del Ejecutivo elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, habilitando la adquisición sin límites de territorio nacional, incluso en zonas de frontera y áreas con recursos naturales estratégicos.
Los autores de la iniciativa también señalaron que organizaciones sociales, campesinas, sindicales, académicas y de derechos humanos expresaron su preocupación por considerar que una eventual flexibilización de la normativa podría afectar la soberanía nacional, la integridad territorial y el control sobre recursos esenciales como el agua dulce, los hidrocarburos, los minerales, la biodiversidad y la producción de alimentos.
El proyecto de resolución proponía manifestar el rechazo institucional del Concejo Deliberante a la modificación de la Ley 26.737, defender su plena vigencia, expresar preocupación por la eliminación de las restricciones para adquirir tierras en zonas de seguridad de fronteras y con grandes cuerpos de agua, solicitar a los legisladores nacionales bonaerenses que voten en contra de cualquier iniciativa que flexibilice la normativa y remitir la resolución a la Presidencia de la Nación, al Congreso, a la Corte Suprema de Justicia y al CECIM La Plata.
Finalmente, el despacho fue rechazado en el ámbito de la Comisión 1, dejando expuestas las diferencias políticas entre los distintos bloques respecto del alcance y la conveniencia de modificar la legislación que regula la propiedad de las tierras rurales en manos extranjeras. No fue tratado en sesión del Concejo Deliberante, ya que no hubo sesión.