El Gobierno busca eliminar la ampliación de la Zona Fría y crece la preocupación en la costa bonaerense

Luego de que el Congreso rechazara en diciembre de 2025 la derogación de la ampliación del régimen de Zona Fría, el gobierno de Javier Milei evalúa volver a impulsar la iniciativa, que implicaría eliminar subsidios al gas para amplias regiones del país, entre ellas la Costa Atlántica bonaerense.

La propuesta ya había sido incluida en el Presupuesto 2026, donde se planteaba retrotraer el esquema vigente a su formato original, limitando los beneficios únicamente a zonas como la Patagonia, Malargüe y la Puna. De avanzar, quedarían afuera 77 municipios de la provincia de Buenos Aires que actualmente reciben descuentos en las tarifas.

El régimen de Zona Fría, ampliado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, alcanza hoy a más de 4 millones de hogares en todo el país, con bonificaciones del 30% al 50% en el consumo de gas. En territorio bonaerense, el beneficio llega a más de 1,2 millones de usuarios.

La iniciativa oficial genera preocupación en distintas regiones, especialmente en zonas donde el consumo de gas está directamente vinculado a las condiciones climáticas. En ese sentido, la senadora provincial Nerina Neumann cuestionó la posible eliminación del régimen.

“El sistema no es una decisión discrecional, sino que responde a parámetros técnicos definidos por organismos como el ENARGAS, que consideran variables como la intensidad del frío y la demanda energética”, señaló.

Además, la legisladora remarcó que dentro de la provincia existen regiones con características climáticas más exigentes, como el sudoeste bonaerense y la costa atlántica, donde la calefacción es una necesidad estructural durante gran parte del año.

El beneficio, creado en 2002, se financia mediante un recargo en el precio del gas que pagan todos los usuarios del país. Su ampliación en 2021 incorporó a millones de hogares, incluyendo numerosos distritos bonaerenses como Villa Gesell, Pinamar, Necochea y Partido de La Costa, entre otros.

Si el Gobierno avanza con la eliminación de la ampliación, el esquema volvería a su alcance original, reduciendo drásticamente la cantidad de beneficiarios y generando un fuerte impacto en las tarifas que pagan los usuarios.

El debate, que involucra a provincias y gobernadores de todo el país, vuelve a poner en el centro de la escena el costo de los servicios y el equilibrio entre subsidios, financiamiento y acceso a la energía.