Investigan una posible red organizada tras más de 600 intimidaciones

Tras la ola de más de 600 amenazas registradas en establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para que se investigue la posible existencia de una organización detrás de los hechos. La presentación fue realizada por autoridades de Justicia y Seguridad con el objetivo de identificar a quienes estarían promoviendo e instigando los mensajes intimidatorios.

Según fuentes oficiales, la hipótesis apunta a una “estructura delictiva” que podría haber actuado de manera coordinada o mediante acciones dispersas, pero con un mismo efecto: generar alarma en las comunidades escolares de todo el territorio.

Si bien las denuncias individuales ya se encuentran en trámite en distintos departamentos judiciales, la nueva presentación busca ampliar el alcance de la investigación y avanzar sobre la posible trama organizativa que explicaría la reiteración de los episodios.

En paralelo, otras provincias comenzaron a adoptar medidas para desalentar este tipo de hechos. En Santa Fe, el gobierno inició demandas civiles contra familiares de menores involucrados en falsas amenazas, con el objetivo de recuperar los costos de los operativos de seguridad y emergencia. Ya se abrieron varios expedientes en distintas ciudades.

Por su parte, Córdoba oficializó sanciones económicas para los responsables. Las multas, que recaerán sobre padres o tutores, buscan compensar el gasto que generan los despliegues ante cada alerta y podrían alcanzar cifras millonarias.

Las autoridades coinciden en que el endurecimiento de las medidas apunta tanto a esclarecer los hechos como a prevenir nuevas amenazas que alteran el normal funcionamiento de las escuelas.