La diplomacia argentina vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Este lunes, el Ministerio de Exteriores de Rusia convocó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer, para expresar su malestar frente a las acusaciones lanzadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La funcionaria había señalado a la inteligencia rusa como partícipe de una “operación ilegal” en la Casa Rosada, una denuncia que en Moscú consideran “infundada” y carente de pruebas. En un comunicado oficial, la Cancillería rusa fue categórica: “Rechazamos firmemente las acusaciones de la ministra, que no tienen sustento alguno”.

El texto difundido por el Kremlin recordó además que existe un tratado de cooperación penal entre ambos países que prevé mecanismos de intercambio de información. Según Moscú, declaraciones de este tenor “no contribuyen a mantener relaciones constructivas de amistad” entre las dos naciones.

La advertencia no se quedó ahí: el Ministerio de Exteriores lamentó que el Gobierno argentino “no esté dispuesto a avanzar en el camino de un desarrollo progresivo” de la relación bilateral. Una frase que, en el lenguaje diplomático, suena más a reproche que a lamento.

El episodio vuelve a poner bajo la lupa la estrategia internacional del Ejecutivo de Javier Milei. Mientras el Presidente insiste en alinearse con Estados Unidos e Israel, el discurso de Bullrich añade tensión innecesaria con un actor global que, guste o no, mantiene lazos históricos con la Argentina.

En definitiva, la Cancillería rusa dejó claro que no tolerará acusaciones sin pruebas. Y la pregunta que queda flotando es si el país está dispuesto a asumir el costo diplomático de declaraciones que parecen más dictadas por la agenda interna que por una política exterior responsable.